Última hora

El Gobierno permitirá extinguir contratos públicos con empresas que incumplan en materia de igualdad salarial

Fotonoticia 20261118114715 1920
El Gobierno ha modificado la Ley de Contratos del Sector Público para incluir como causa de extinción de contratos y concesiones públicas el incumplimiento grave de las obligaciones de igualdad y transparencia retributiva por parte de las empresas contratistas.

Así lo recoge el Real Decreto-ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros para transponer dos directivas laborales europeas y que ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con entrada en vigor este jueves, 19 de noviembre.

En concreto, la norma introduce una nueva letra en el artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público que habilita la resolución del contrato cuando se acredite mediante resolución administrativa o judicial firme la existencia de discriminación retributiva por razón de sexo que afecte a los trabajadores adscritos a su ejecución, o bien cuando se produzca un incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia retributiva previamente constatado y requerido de subsanación por el órgano de contratación sin haber sido corregido en plazo.

Este procedimiento de extinción contractual podrá iniciarse de oficio por el propio órgano de contratación o a instancia de la representación legal de los trabajadores de la empresa adjudicataria, exigiéndose en todo caso audiencia previa al contratista y a los representantes sindicales, así como la valoración de la gravedad, la persistencia y el número de empleados afectados.

Asimismo, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán prever sanciones económicas proporcionadas para estos incumplimientos.

Junto a esta medida, el texto publicado en el BOE incorpora otras novedades relevantes que no se detallaron tras el Consejo de Ministros de ayer, entre ellas la ampliación a tres años del plazo de prescripción para ejercer acciones derivadas de la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en materia retributiva -contados desde el momento en que cese la situación discriminatoria- y la extensión del derecho a solicitar información salarial por escrito a quienes hayan dejado de prestar servicios en la empresa, siempre que lo reclamen en el plazo de un año desde su cese.

Asimismo, se fija un calendario escalonado para que las compañías de 50 o más empleados remitan por primera vez los datos sobre brecha retributiva de género a la nueva Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva: las empresas de 150 o más trabajadores deberán hacerlo antes del 8 de junio de 2027, mientras que las de entre 50 y 149 empleados tendrán de plazo hasta antes del 8 de junio de 2031.

Posteriormente, este reporte será anual para las plantillas de 250 o más personas y trienal para las de entre 50 y 249.

El paquete laboral también endurece el régimen sancionador de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) al elevar de leve a grave la falta de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato, el incumplimiento de obligaciones en planes de igualdad o en materia de registro retributivo y no facilitar a los candidatos la información exigida, lo que eleva el tope máximo de las multas de 750 a 7.500 euros.

Además, pasan a tipificarse como infracciones muy graves las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como represalia ante una reclamación extrajudicial o judicial, la solicitud de datos prohibidos o personales en procesos de selección y las decisiones discriminatorias en el acceso al empleo.

PROHIBIDO PREGUNTAR POR EL SUELDO PREVIO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

En el ámbito de la transparencia retributiva, el Real Decreto-ley reconoce el derecho individual a solicitar y recibir por escrito, en un plazo máximo de dos meses, información sobre la retribución propia y sobre las retribuciones medias -en términos anuales y por hora, desglosadas por sexo y por complementos- de quienes realicen el mismo trabajo o uno de igual valor.

Si los datos son inexactos o están incompletos, el empleado podrá pedir aclaraciones y recibir respuesta motivada en un plazo de 15 días.

La información ajena obtenida no podrá utilizarse para fines distintos del ejercicio del derecho a la igualdad retributiva y se declaran nulas las cláusulas contractuales que impidan al trabajador divulgar su propio salario.

Las empresas deberán recordar anualmente a su plantilla el derecho a solicitar esta información y tendrán que justificar en el registro salarial las brechas entre sexos cuando alcancen el 25% en empresas de al menos 50 trabajadores o el 5% en las de 100 o más empleados.

En el acceso al empleo -tanto en el sector privado como en las Administraciones Públicas-, las ofertas deberán incluir la retribución inicial del puesto y el convenio colectivo aplicable, las vacantes y denominaciones deberán ser neutras respecto al género y quedará prohibido preguntar a los aspirantes por su historial salarial.

También se exige garantizar la no discriminación en procesos de selección algorítmicos y la accesibilidad para personas con discapacidad.

Por otra parte, la reforma introduce por primera vez una garantía de indemnidad expresa en el Estatuto de los Trabajadores, blindando el derecho a no sufrir tratos desfavorables o represalias por reclamar derechos laborales y declarando nulas tanto las órdenes de discriminar como las decisiones adoptadas como reacción frente a reclamaciones ante la empresa o acciones administrativas o judiciales.

DERECHO A CONCURRIR A PUESTOS DE MAYOR CATEGORÍA

En materia de condiciones previsibles, la norma extiende el deber empresarial de informar por escrito sobre los elementos esenciales del contrato -tanto al trabajador como a su representación legal- a todas las relaciones laborales con independencia de su duración, suprimiendo el umbral previo de cuatro semanas (para los contratos inferiores a ese plazo ya vigentes, la empresa dispondrá de diez días hábiles desde la solicitud del empleado).

También fija un preaviso mínimo de tres días para conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas, salvo plazo inferior en convenio.

De incumplirse este requisito, el trabajador podrá rechazar la tarea sin sufrir consecuencias desfavorables y, si la empresa cancela total o parcialmente dichas horas, conservará el derecho a cobrar la retribución de las horas no realizadas.

Respecto al periodo de prueba, se fija un límite máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de la plantilla (tres meses en empresas de menos de 25 trabajadores), salvo ampliación justificada en convenio colectivo. En contratos temporales de seis meses o más será de un mes como máximo, reduciéndose de forma proporcional en los de menor duración.

De igual modo, el nuevo artículo 21 bis del Estatuto de los Trabajadores unifica el derecho a conocer las vacantes disponibles y a solicitar la transición a puestos más previsibles, seguros o a tiempo completo (exigiendo seis meses de antigüedad para los supuestos generales), obligando a la empresa a responder motivadamente y por escrito en el plazo máximo de un mes, o de tres meses en plantillas de hasta diez trabajadores.

Por último, el decreto-ley prohíbe impedir o limitar el empleo en paralelo para otras empresas -salvo causas objetivas como salud y seguridad, confidencialidad o conflictos de intereses, y sin perjuicio de pactos de plena dedicación compensados- y crea la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva como órgano tripartito adscrito al Ministerio de Trabajo, acompañada de actuaciones de apoyo y formación a través de Fundae para facilitar la adaptación de las pymes.