Ambos han participado en un debate sobre la vivienda en la cadena SER en el que Bravo ha situado el déficit de oferta –cifrado en 750.000 por el Banco de España– como uno de los principales problemas del país, por lo que ha recalcado que es necesario impulsar la construcción hasta el millón de viviendas, reducir los trámites administrativos, «recuperar la seguridad jurídica» y aplicar una serie de medidas fiscales para que los ciudadanos puedan acceder al mercado.
En ese sentido, el dirigente ‘popular’ ha concretado su apuesta por agilizar los procedimientos urbanísticos, aplicar una ley contra la ‘okupación’ o la rebaja del 10% al 4% el IVA de las viviendas destinadas a primera residencia, sin límite de precio.
Bravo ha defendido que la solución pasa por la colaboración público-privada privada y ha criticado que el Gobierno no haya incluido medidas suficientes para impulsar la construcción ni simplificar los trámites administrativos. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de llevar ocho años sin dar respuesta al problema de la vivienda.
Por su parte, Rodríguez ha defendido que las administraciones deben intervenir para evitar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda. «En los últimos 40 años, en este país, se ha confiado el derecho de la vivienda al mercado y eso no ha funcionado», ha señalado.
La ministra ha reivindicado el esfuerzo del Gobierno para incrementar el parque público y de vivienda protegida, haciendo alusión al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 –dotado con 7.000 millones de los que el Gobierno aporta el 60%–, y ha destacado que el PSOE tiene, dentro de su programa electoral, la propuesta de invertir anualmente el 1% del PIB a las políticas de vivienda social, lo que equivaldría a 17.000 millones al año.
También ha defendido la regulación del alquiler, la congelación de las rentas y las bonificaciones fiscales para inquilinos y pequeños propietarios.
La titular de la cartera de Vivienda ha insistido en que las administraciones deben establecer normas para priorizar el uso residencial de las viviendas y ha señalado que el Banco de España cifra en 900.000 los inmuebles que se destinan a pisos turísticos, alquileres de temporada y otros usos.
«Hay recursos suficientes, capacidad y convicción en este país para que esas viviendas sean de la gente», ha señalado, añadiendo que, mientras tanto, se seguirá construyendo en colaboración público-privada, apoyando al sector privado con medidas como la incluida en el Real Decreto-Ley aprobado la pasada semana, que incluye una rebaja del IVA al 4% para la construcción de vivienda asequible.
Este decreto ha sido uno de los puntos de desacuerdo entre ambos políticos. Rodríguez ha acusado a los ‘populares’ de rechazar iniciativas de protección a los inquilinos y a las personas vulnerables, mientras que Bravo ha reclamado reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y ha defendido los desalojos en 48 horas en los casos de ‘okupación’.
‘OKUPACIÓN’ Y DESAHUCIOS
En este sentido, Bravo ha defendido la aprobación de una ley antiokupación que permita desalojar a los ‘okupas’ en 48 horas, una medida que, según ha señalado, devolvería seguridad jurídica a los propietarios y permitiría recuperar más de 400.000 viviendas para el mercado del alquiler.
En ese sentido, Rodríguez ha reconocido que a los ‘okupas’ «hay que aplicarles la ley» y ha defendido los juicios rápidos y los seguros de impago para proteger a los propietarios. No obstante, ha afirmado que le preocupan «mucho más» los desalojos y desahucios.
Con todo, Rodríguez ha acusado al PP de haber rechazado medidas para evitar desahucios y Bravo ha afeado al Gobierno que no haya dado respuesta al problema.

