El análisis se publica, según señalan ambas compañías, en un momento decisivo para la política industrial europea, ya que la Unión Europea ha fijado como objetivo vinculante reducir en un 90% las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040, respecto a 1990.
Además, desde enero de 2026 está vigente el régimen definitivo del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y la Comisión Europea ha propuesto una Ley de Aceleración Industrial para impulsar la inversión, agilizar permisos y estimular la demanda de productos bajos en carbono.
Así, el informe señala que España necesita reducir en 8,9 millones de toneladas de CO2 las emisiones de combustión industrial entre 2024 y 2030, un 21% adicional, para cumplir la senda del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que recoge la planificación energética y climática de España hasta 2030.
El informe destaca además que la transición debe abordarse sin debilitar la competitividad. El 58% de las actividades industriales presenta una apertura comercial, entendida como la suma de las importaciones y las exportaciones en relación con el tamaño del mercado doméstico, superior al 30%; las importaciones equivalen al 29% de la demanda nacional y más del 35% de las ventas manufactureras se realiza en mercados exteriores.
Según el estudio, esta exposición internacional reduce la capacidad de trasladar a los precios los costes adicionales de producir con menos emisiones. Aunque el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea encarece las emisiones y genera incentivos para invertir.
Asimismo, el análisis señala que las necesidades varían entre sectores. En actividades de baja temperatura, como determinados procesos de alimentación las mejoras de eficiencia y la electrificación pueden generar ahorros que permitan recuperar la inversión.
Sin embargo, en productos como la siderurgia, el cemento, o el amoníaco afrontan procesos de alta temperatura y emisiones difíciles de evitar, con inversiones iniciales muy elevadas y posibles sobrecostes operativos persistentes.
En este sentido, la economista jefe de Deloitte, Ana Aguilar, ha señalado que España afronta etapa decisiva para garantizar una industria competitiva y con mayor nivel de descarbonización. No obstante, ha añadido que alcanzar este objetivo requiere acelerar la inversión, impulsar la innovación y adaptar los instrumentos públicos a la realidad económica y tecnológica de cada sector.
Por último, el análisis plantea que la política de apoyo a la descarbonización industrial debe adaptarse a las características económicas de cada actuación, desde medidas horizontales y financiación para inversiones recuperables hasta ayudas destinadas a cubrir brechas de inversión y de gastos de explotación cuando las condiciones de mercado no permiten recuperar los costes.