La petición conjunta de ambos sindicatos, los más representativos del sector, se ampara en el Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, con el objetivo de lograr el anticipo del retiro para este colectivo debido a las elevadas tasas de siniestralidad, morbilidad y las duras condiciones de penosidad, peligrosidad, insalubridad y toxicidad asociadas a su actividad habitual.
En el escrito remitido a la Administración, las centrales sindicales acuden a las funciones del Grupo de Agentes de Servicios Auxiliares en el ámbito aeroportuario, definidas en el artículo 18.3 del V Convenio Colectivo del Sector de Handling y otros convenios de empresa, defendiendo que entrañan riesgos intrínsecos al puesto que provocan con frecuencia lesiones musculoesqueléticas de carácter crónico, agravadas en el caso de las personas trabajadoras de edad avanzada.
RIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD AEROPORTUARIA
Según justifican UGT y CCOO, la actividad de estos trabajadores está expuesta de manera estructural a factores de riesgo inherentes cuya eliminación es técnicamente imposible.
Entre ellos, destacan la manipulación continuada de cargas, la exposición al trabajo a la intemperie, la turnicidad, la peligrosidad y el contacto constante con agentes físicos, tóxicos, químicos y cancerígenos.
La iniciativa sindical aporta además datos estadísticos procedentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que constatan una evolución al alza de los procesos de Incapacidad Temporal (IT) en las principales empresas de la industria.
Unos datos que, según apuntan, se enmarcan en el fuerte incremento de la actividad registrado por el mercado aéreo español en su conjunto.
CRÍTICAS A LA NEGATIVA DE LA PATRONAL ASEATA
Asimismo, los representantes de los trabajadores han criticado la negativa del sector empresarial a sumarse a este expediente.
«A pesar de los requerimientos de UGT y CCOO, la patronal ASEATA no ha considerado oportuno apoyar tal petición en favor de los trabajadores y las trabajadoras de este castigado sector», han reprochado.
Las organizaciones sindicales han tildado esta postura patronal de «decisión incomprensible», si bien confían en que «no influya en la resolución final del expediente» y han avanzado que mantendrán su trabajo normativo y negociador hasta lograr un resultado favorable para los trabajadores afectados.