El Ejecutivo central ha remitido al Consejo de Estado una nueva propuesta de la norma en la que suaviza las exigencias de su primer proyecto para definir el marco regulatorio del sector de los ‘data center’. Para el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, el nuevo texto sigue siendo discriminatorio hacia la industria de los centros de datos y sigue sin solucionar los problemas de inseguridad jurídica que presentaba el texto original.
«Es una reglamentación muy restrictiva que ahuyentará las inversiones hacia otros países europeos donde el marco regulatorio sea menos exigente», ha advertido el consejero, que cree que el Gobierno ha querido hacer «un guiño al sector renovable» con estos cambios «pero ha dejado desprotegida a toda la industria, obviando que son la base real de la transformación digital».
«Los centros de datos son el pilar de la economía digital. No habrá economía digital sin centros de datos», ha remarcado en este sentido.
Sobre los requisitos energéticos que exige el Gobierno central, López-Valverde ha alertado que repercutirían en inversiones multimillonarias para las compañías, en un encarecimiento de los precios de la electricidad y en un aumento de los vertidos renovables. «Los centros de datos operan 24 horas al día y las renovables solo tienen capacidad para cubrir 2.000 horas al año. Para cumplir con el nuevo decreto sería necesario sobredimensionar el parque renovable e instalar ingentes cantidades de almacenamiento», ha alertado.
A esto ha sumado «la incertidumbre» que genera la exigencia introducida en el nuevo borrador, por la cual estas infraestructuras se deben acoger voluntariamente al sistema SRAP (Sistema de Reducción Automática de la Potencia), mediante el cual Red Eléctrica puede desconectarles del sistema en cualquier momento.
Finalmente, ha dicho no entender por qué al sector de los centros de datos no se le exigen los mismos requisitos que a los proyectos europeos estratégicos, como la Gigafactoría de Inteligencia Artificial, que son mucho más favorables.