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La industria alimentaria pide incentivos fiscales y seguridad jurídica para impulsar la competitividad

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La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha trasladado sus prioridades a las principales formaciones políticas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, entre las que figuran incentivos fiscales y seguridad jurídica para impulsar la competitividad del sector y seguir generando empleo, cohesión territorial y dinamización de las zonas rurales.

En concreto, FIAB ha recordado que la industria alimentaria, además de ser el primer sector industrial español, tiene un papel clave en la gastronomía y el turismo, poniendo en valor la calidad y la variedad de nuestros alimentos y bebidas, por lo que consideran «necesario» concretar el reconocimiento del «carácter esencial» del sector y que la industria alimentaria sea tenida en cuenta en el diseño de las políticas nacionales y europeas, según informa en un comunicado.

«Desde la colaboración público-privada, creemos que la unidad de mercado, la simplificación administrativa, la seguridad jurídica, la proporcionalidad regulatoria y la competitividad energética deben estar garantizadas», ha asegurado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

De esta forma, la patronal alimentaria considera «imprescindible» incorporar incentivos fiscales a la inversión productiva, la modernización de instalaciones, la digitalización, la innovación y la eficiencia energética, así como evitar o suspender aquellas figuras tributarias nacionales que puedan generar desventajas competitivas respecto de otros países de la Unión Europea, como el impuesto al plástico.

En cuanto a la internacionalización de los alimentos y bebidas nacionales, FIAB apuesta, entre otras medidas, por incrementar el apoyo a las empresas exportadoras, especialmente pymes, y a su participación en ferias y pabellones españoles.

También, que se creen un conjunto de mecanismos previamente definidos que se activen ante la imposición de aranceles, barreras sanitarias o restricciones injustificadas, aportando previsibilidad a las empresas.

Entre las propuestas presentadas a las diferentes formaciones políticas, también se apuesta por impulsar la conclusión de acuerdos con terceros países, como Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Malasia, y la ratificación de Australia, México, Filipinas, Indonesia e India para diversificar los destinos de los productos españoles.

Mientras que en materia laboral, FIAB ve «necesario» que se evalúe el impacto sobre empleo, inversión, productividad y competitividad antes de introducir nuevas medidas laborales o salariales, que se impulsen planes formativos específicos para perfiles industriales, técnicos y digitales, así como que se garanticen prácticas formativas de calidad, evitando exigencias desproporcionadas que desincentiven la participación empresarial y reduzcan las oportunidades de formación de los jóvenes.

Respecto a la sostenibilidad, y entre otras cuestiones, FIAB destaca la necesidad de que la futura Ley de Consumo Sostenible no exceda el marco europeo y solicita que el nuevo SDDR español se ajuste «estrictamente» al Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases, evitando obligaciones nacionales adicionales que fragmenten el mercado.

La industria alimentaria insta a promover el etiquetado digital, así como fomentar una alimentación equilibrada, ampliando las opciones de los consumidores y reforzando la educación nutricional.

De cara a la ciudadanía, considera que es necesario desarrollar políticas que promuevan información veraz, científica y contrastada sobre alimentación, nutrición y salud, así como impulsar campañas para mejorar el conocimiento de la sociedad sobre la contribución económica, social y territorial de la industria de alimentación y bebidas.

Por último y respecto a la innovación, FIAB pide potenciar la participación de la industria de alimentación y bebidas en programas europeos de investigación e innovación y reforzar a la Plataforma Tecnológica ‘Food For Life – Spain’ como espacio de colaboración entre empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones.