Así, durante un almuerzo-coloquio organizado por el Club Siglo XXI, Rodríguez ha reiterado que el Ejecutivo ha encontrado dificultades para aprobar algunas de sus propuestas, «no por falta de determinación», sino por no disponer de una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados, como ha sido el caso de los dos reales decretos-ley de vivienda que se tumbaron en el Congreso el pasado 2 de octubre. «No era falta de valentía, era falta de votos», ha afirmado al repasar los obstáculos que han marcado la legislatura.
No obstante, la ministra ha explicado que el programa electoral se encuentra aún en elaboración, aunque ha señalado que hacer un repaso por la gestión realizada en estos últimos tres años serviría como campaña electoral.
En este sentido, Rodríguez ha destacado el incremento del presupuesto destinado a vivienda, que ha pasado de unos 450 millones de euros en el último presupuesto del Gobierno anterior a cerca de 4.000 millones, así como la aprobación de la Ley de Vivienda y la ampliación de la duración de los contratos de alquiler.
También ha reivindicado el acuerdo unánime alcanzado con las comunidades autónomas para el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con 7.000 millones de euros hasta 2030, con el compromiso de mantener esa protección en los inmuebles construidos con financiación pública.
En materia tributaria, ha defendido las bonificaciones para los propietarios que reduzcan el precio de los alquileres, recogida en el Real Decreto-Ley vigente.
NO HAY UNA SOLUCIÓN ÚNICA
Rodríguez ha reconocido que el problema habitacional no tiene una solución única y ha insistido en la necesidad de la colaboración entre administraciones.
En su opinión, existe un mayor consenso en la sociedad y en el sector que entre los partidos políticos, una desconexión que ha calificado de «drama» cuando afecta a una demanda ciudadana como el acceso a la vivienda.
A su vez, sobre la huelga general del próximo 11 de noviembre y las sucesivas protestas que se vienen produciendo desde el desahucio de Maricarmen, la anciana que fue expulsada de su casa de Madrid y que posteriormente murió en el hospital, ha indicado que la ciudadanía «siempre hay que escucharla» y ha defendido el derecho legítimo de los ciudadanos a reclamar sus derechos.
No obstante, ha incidido que la mejor forma de que la ciudadanía se exprese será en las urnas y ha añadido que espera que lo hagan con «determinación» el próximo 29 de noviembre.