Sordo ha participado este viernes en Bilbao, junto al secretario general de CCOO de Euskadi, Santi Martínez, en una reunión con la dirección del sindicato en Euskadi y con representantes de varias secciones sindicales de CCOO de Euskadi para empezar a trabajar la extensión de los motivos de la huelga general del próximo 11 de noviembre.
En declaraciones a los medios de comunicación, el líder sindical ha asegurado que el hecho de que concurran todos los sindicatos en la misma fecha «garantiza la masividad de las movilizaciones sociales», y cree que va a haber un paro laboral «bastante significativo». Tal como ha anunciado, CCOO de Euskadi «va a poner toda la carne en el asador en esa tarea».
Unai Sordo ha asegurado que a la CEOE «ya le ha quedado claro que la huelga y la movilización del 11 de noviembre tiene también clarísimos motivos laborales», ya que, a la reivindicación por la vivienda, suman demandas en materia salarial.
En cuanto a las pretensiones de CCOO, ha dicho que «hay que recuperar un acuerdo de convenios colectivos que sitúe el incremento salarial para los próximos años entre el 4% y el 7%» y, a la vez, «una subida del salario mínimo interprofesional de al menos el 7%».
«No hay reivindicación más laboral que esa, que le quede claro a CEOE que vamos por ahí y ese es uno de los motivos centrales para nosotros de la convocatoria del 11 de noviembre», ha remarcado.
En materia de vivienda, ha precisado que desde el sindicato que lidera apuestan por la recuperación y por la convalidación de los dos reales decretos que cayeron en el Congreso de los Diputados y que se pueden aprobar en la Diputación Permanente del Congreso.
Asimismo, ha querido dejar claro que la huelga del 11 de noviembre «tiene que situar una reivindicación masiva en España y transversal» porque «nuestro país necesita una gran infraestructura pública de vivienda para la próxima década».
Sordo ha dicho que España «tiene que contar con al menos un millón y medio de viviendas de precio protegido para garantizar soluciones habitacionales a toda la población española y para condicionar los precios de mercado». Y eso, ha advertido, «no se hace solo con medidas regulatorias sobre los alquileres, sobre los desahucios o sobre la prórroga de los contratos de alquiler», que son medidas que comparte CCOO.
El secretario general de CCOO ha dicho que, «para que de verdad la política de vivienda en España empiece a ser una política de vivienda y deje de ser una política inmobiliaria, hace falta dotarse de una gran infraestructura pública, de viviendas públicas o al menos de precio protegido y de precio asequible».
En ese sentido, ha asegurado que «podíamos tener ese parque de vivienda pública» porque «entre el año 60 y la actualidad se han construido 6 millones y medio de viviendas que tuvieron alguna forma de precio protegido y entre el año 80 y 2023 se construyeron 2,7 millones de viviendas a precios protegidos», pero «el problema es que se desclasificó esas viviendas y pasaron a ser viviendas de mercado y eso ha impedido que nuestro país tenga una palanca pública para intervenir de verdad el mercado de la vivienda».
Unai Sordo considera necesario también «meter mano con la regulación» a las empresas, fondos de inversión y fondos buitre que «acaparan vivienda para hacer negocio con la especulación o con usos como el turístico que encarecen la vivienda y la vida en los barrios». «Y hay que impedir el uso de la vivienda como un útil turístico en las zonas tensionadas al menos y limitar, al menos temporalmente, los precios de los alquileres en las zonas tensionadas», ha planteado, aunque ha reconocido que «solo con esto no lo vamos a arreglar todo».
Por tanto, ha considerado necesario «apelar a todas las administraciones», y ese es el otro «gran objetivo de la huelga», a que «sea irreversible una política de vivienda que garantice que todo ciudadano en nuestro país pueda acceder a una vivienda a precio asequible y subidas salariales de entre el 4 y el 7% en los convenios colectivos y de al menos el 7% en el salario mínimo interprofesional».
Sordo ha insistido en que el objetivo fundamental de la huelga del 11N es «meter una vertiente laboral en la reivindicación y favorecer una inmensa movilización social». En esa línea, cree que la huelga del 11 de noviembre va a ser «el preludio de movilizaciones sociales en la calle, del conjunto de la ciudadanía, de forma muy transversal, pidiendo políticas de vivienda que garanticen el acceso a pisos asequibles a todo el mundo».
«Y esa dimensión social del 11N para nosotros es clave», ha reiterado, para insistir en que van a introducir el factor salarial «precisamente para tratar de uniformizar la reivindicación» porque la situación de la vivienda en España es «preocupante, pero no es igual de dramática en todo el país».
Según ha apuntado, «no es lo mismo la percepción y la situación en las grandes capitales, en las zonas tensionadas por el turismo o en las islas, que en la España interior y en la España vaciada, que prácticamente el gran problema que tiene es de despoblación más que de precios desmesurados de la vivienda».
En todo caso, ha señalado que es «un problema bastante más transversal de lo que parece, porque, normalmente, allí donde la vivienda es más barata también los salarios son algo menores, con lo cual la relación entre el salario y la vivienda no es tan distante a como es en los grandes núcleos urbanos».
Además, ha advertido que «el problema de la vivienda no está afectando solo a la gente joven, sino que «el tema es mucho más transversal de lo que parece, mucho más uniforme de lo que parece, aunque no se percibe con el mismo dramatismo en unas partes de España que en otras».
MARCO ARGUMENTAL DE LA HUELGA
Por su parte, el secretario general de CCOO Euskadi, Santi Martínez, ha explicado que el encuentro de este vienes tiene como objetivo «empezar a trabajar la extensión de los motivos de la huelga general del próximo 11 de noviembre» porque han querido ampliar el marco argumental de la huelga a «aspectos mayores que el tema del acceso a la vivienda» y, por eso, ha precisado, están hablando de tema del incremento de los precios y «cómo son compatibles con el incremento de los beneficios empresariales» y también del tema de los salarios mínimos.
En este espacio asambleario en Euskadi, ha explicado, han presentado también la iniciativa sindical a nivel estatal de incremento del SMI en un 7%, «perfectamente compatible con el salario mínimo de convenio» que defiende CCOO Euskadi y el resto del sindicalismo confederal.
Martínez ha asegurado que se trata de un incremento que «en ningún caso pone en peligro el sistema, que es compatible con el SMI de convenio y que se enfrenta a otro tipo de iniciativas que lo que buscan es fragmentar el SMI y llevarlo a un Parlamento con una mayoría parlamentaria antisocial, como hemos tenido la desgracia de ver últimamente».
Además, ha dicho que tampoco son ajenos a que esta huelga está ubicada en un contexto de elecciones generales, pero quieren «contribuir desde el aspecto sindical a poner en el centro del debate y de la conversación pública las necesidades materiales de la gente, que son aspectos que la gente tiene que valorar a la hora de ir a votar».