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La investigación del accidente de Adamuz se extenderá más de doce meses por ser «excepcionalmente complejo»

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El presidente de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (Aitat), Gonzalo Julián Guillén, ha comunicado por carta al presidente de la Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, que la investigación sobre el accidente ferroviario del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas, se extenderá más allá de los doce meses marcados inicialmente debido «al carácter excepcionalmente complejo del accidente, uno de los más complejos al que los investigadores se han enfrentado».

Esta carta con fecha del 5 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press y adelantada por Cadena Ser, es la respuesta a la solicitud de información por parte de la asociación sobre el estado de la investigación y sobre la posible formulación anticipada de recomendaciones de seguridad después de que en pasado mes de julio comenzará a funcionar esta nueva entidad en sustitución de la CIAF.

De este modo, el presidente de la Aitat señala en la misiva que la investigación se encuentra actualmente en «fase de análisis técnico» y avanza a través de diferentes líneas de trabajo. «La necesaria coordinación con el procedimiento judicial ha requerido la realización de determinados trámites relacionados con la formalización de los Aitat encargos de análisis a los laboratorios correspondientes», ha explicado.

No obstante, según recoge la carta, estas cuestiones se encuentran en «vías de resolución» y «no han supuesto la paralización de las restantes actuaciones de investigación».

Por ello, el presidente de la Aitat remarca que «dado el carácter excepcionalmente complejo del accidente, uno de los más complejos al que los investigadores se han enfrentado», se prevé «que no resulte posible concluir el informe final dentro del plazo inicial de doce meses».

En otro punto de la carta, Guillén apunta que la investigación técnica de un accidente de estas características «debe desarrollarse con el máximo rigor y con plena independencia», ya que «su finalidad es determinar las causas del accidente y, cuando proceda, formular recomendaciones dirigidas a mejorar la seguridad y prevenir futuros siniestros, sin determinar culpas ni responsabilidades».

Al respecto, indica que la presentación de solicitudes, observaciones o aportaciones por parte de las víctimas y sus asociaciones «no afecta a dicha independencia».

«UN MAZAZO» PARA LAS VÍCTIMAS

Por su parte, el presidente la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, en declaraciones a esta agencia, ha calificado de «mazazo, inconcebible» e «inadmisible» la posibilidad de que la investigación del accidente ferroviario se demore más de un año, «sin fecha definida», por «la falta de medios humanos y económicos denunciada por los propios investigadores, al tiempo que ha criticado la inacción de las autoridades».

Asimismo, Samper ha calificado de «increíble» que en España un suceso de estas características «tenga una investigación que se dilate tanto por estos motivos». Según ha explicado, los profesionales que componen el equipo de investigación llevan «desde hace bastantes meses» reclamando más recursos para esclarecer las causas de la tragedia.

«La investigación empezó con tres investigadores y continúa con tres, e incluso ha habido meses en los que solo ha habido dos. Nos parece terrorífico», ha criticado el representante de las víctimas, quien ha lamentado que esta reclamación «se desoyó por parte del anterior presidente de la CIAF y la nueva autoridad tampoco parece que esté haciendo demasiado».

RECOMENDACIONES

Por otro lado, la carta también hace alusión a que el Consejo de la Autoridad «no ha aprobado ninguna recomendación de seguridad relacionada con el accidente de Adamuz». «Cualquier propuesta de recomendación que se someta a su consideración será analizada por el Consejo, que decidirá, atendiendo exclusivamente a criterios técnicos, sobre su formulación y alcance».

Sobre este punto, el presidente de la asociación ha explicado que la anterior entidad, la CIAF, remitió una carta al presidente de ADIF, Luis Pedro Marco, en la que «le hacía ver esa necesidad de atender a unas recomendaciones, como son, principalmente, la detección de rotura de carril».

«Sin embargo, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, con la que nos reunimos hace dos semanas, nos decía que no podía actuar porque no tenía esas recomendaciones. Sin embargo, esta recomendación es pública, la tiene todo el mundo», ha lamentado.

Por ello, ha señalado que se han dirigido al presidente de la Aitat y Samper ha asegurado que le dijo que «no podían sacar esas recomendaciones porque podían crucificar a Adif». «Me parece increíble que, con 46 fallecidos y 400 heridos, este señor pueda llegar a decir eso con total impunidad».

Además, ha señalado que estas recomendaciones «no solo hace referencia a la rotura del carril, que es la más importante seguramente», sino que «muchos de los heridos fueron por culpa del impacto del equipaje».

«Nosotros pedíamos que se implementaran en los ferrocarriles un sistema para que, igual que en los aviones y los autobuses, el equipaje no pueda estar sujeto a traqueteos del tren. Luego, las cámaras de seguridad en los trenes nos parecen otra medida importantísima, ya que hemos comprobado que hubo un tren que arrastró 500 metros un vagón volcado sin que el maquinista lo supiera porque no tenía información de lo que estaba ocurriendo fuera», ha comentado.

«Tenemos un modelo que es el de Japón, que lleva 60 años sin accidentes portables. Es ahí donde nos tenemos que mirar y no en la obcecación de vender trenes a Arabia Saudí y decir que la alta velocidad española es un modelo de gestión cuando no lo es», ha señalado

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN

Por último, en relación con el estado actual de la causa judicial, Samper ha indicado que el proceso se encuentra a la espera de que la jueza ordene el traslado de las piezas del carril siniestrado para su análisis en laboratorio.

«Este laboratorio tiene seis meses para analizar las piezas, por lo que el proceso se retrasará al menos otros seis meses más», ha avanzado Samper.