En concreto, el organismo analiza la existencia de posibles acuerdos o prácticas concertadas para repartirse clientes, coordinar precios, intercambiar información sensible y acordar pactos de no agresión, así como posibles intercambios de información sensible.
Como parte de esta investigación, la Comisión realizó inspecciones en las sedes de «varias» entidades del sector entre el 6 y el 9 de octubre de este 2026, explica en un comunicado en el que no menciona a las mismas.
Dichas inspecciones suponen «un paso previo al posible inicio de un expediente sancionador y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas afectadas», aclara.
La CNMC señala que la investigación de los cárteles es una de sus prioridades de actuación por su impacto sobre los consumidores y el funcionamiento de los mercados.
En ese sentido, recuerda que el ‘programa de clemencia’ permite a las empresas integrantes de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa si aportan pruebas que permitan detectarlo. Además, si finalmente son sancionadas, no se les aplicaría la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas.
También indica que el Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA) permite informar de forma anónima sobre prácticas anticompetitivas, como acuerdos entre empresas para fijar precios u otras condiciones comerciales o para repartirse mercados, clientes o licitaciones.