La medida se financiaría con fondos autonómicos de emergencia social, con refuerzo estatal en los casos de mayor concentración, y se calcularía sobre la renta de mercado de referencia. El informe plantea establecer un marco normativo en 18 meses y dirigir la compensación a personas físicas con un número reducido de viviendas –unas tres–, excluyendo a sociedades patrimoniales y grandes tenedores.
La propuesta forma parte de una hoja de ruta a 20 años sobre el mercado de la vivienda que incluye revisar la normativa de arrendamientos urbanos desarrollada desde 2019 mediante una evaluación independiente de su impacto sobre la oferta y regular el alquiler de temporada para exigir una causa temporal real y acreditable, como estudios, trabajo o tratamiento médico. Los contratos sin esa justificación pasarían a regirse por la normativa del alquiler habitual.
Los gestores administrativos también plantean crear un sistema público-privado que cubra impagos y determinados daños en el alquiler de vivienda habitual, con una prima compartida entre la Administración y el propietario y participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y aseguradoras.
En materia de construcción, el informe propone un Programa Nacional de Producción Residencial que priorice Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga, provincias que concentran, según el documento, el 52,5% del déficit de vivienda. También aboga por movilizar suelo público, elaborar un inventario nacional de suelo disponible y agilizar los procedimientos urbanísticos, que cifra en más de ocho años de media.
El documento incluye además un procedimiento rápido de mediación para resolver conflictos relacionados con impagos, fianzas y reparaciones, así como un registro estadístico de rentas reales basado en contratos formalizados y depósitos de fianzas, en lugar de depender de los precios anunciados en los portales inmobiliarios.
UNA HOJA DE RUTA A 20 AÑOS
El Consejo plantea aplicar las medidas en distintos plazos. Así, algunas actuaciones, como la coordinación entre administraciones y la revisión de la normativa del alquiler, podrían iniciarse en los primeros cien días, mientras que otras, como el programa de producción residencial y los sistemas de garantía, se desarrollarían durante una legislatura.
Como petición concreta, propone abrir una mesa de trabajo con el Ministerio competente y las comunidades autónomas para desarrollar un expediente digital único, reducir las cargas administrativas e implantar un sistema nacional de indicadores de vivienda.