El planteamiento europeo «confirma que la mera presencia de viviendas turísticas no permite presumir por sí sola un impacto sobre la disponibilidad o asequibilidad de la vivienda», ha apuntado este martes Apartur en un comunicado.
La asociación considera que corresponde a la Administración que pretenda imponer restricciones acreditar que existe esa relación y justificar que la medida es necesaria y proporcionada.
Sin embargo, Apartur cree que existen aspectos del borrador que se pueden mejorar en los próximos meses para «reforzar la seguridad jurídica» y establecer garantías efectivas.
La asociación ha planteado tres mejoras: que las restricciones adoptadas antes de la entrada en vigor del Reglamento también puedan revisarse de acuerdo con los criterios europeos, que las nuevas medidas estén sometidas a un control previo que permita verificar su proporcionalidad y que las licencias válidamente concedidas cuenten con una protección jurídica efectiva.