Para ello, han remitido una carta conjunta al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en la que expresan sus advertencias.
Según denuncian las organizaciones, la propuesta sobre la que trabaja el Consejo mantendría las mismas reglas de responsabilidad aplicables a las transferencias estándar bajo la Directiva de Servicios de Pago (PSD2), lo que dejaría a los usuarios expuestos en caso de fraude, estafas en compras por internet, bienes defectuosos o mercancías no entregadas, al carecer de un mecanismo claro de resolución de disputas comerciales y reembolso frente a terceros.
De acuerdo con los datos aportados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Banco Central Europeo (BCE), los consumidores asumen actualmente el 85% de las pérdidas totales por fraude en las transferencias bancarias, frente a solo el 38% cuando efectúan pagos con tarjeta. Así, si el euro digital adopta el marco regulatorio de las transferencias, las asociaciones sostienen que los usuarios cargarán con «la mayor parte de las pérdidas» en las transacciones digitales.
RIESGO PARA LA ADOPCIÓN Y REPUTACIÓN DEL PROYECTO
Desde CECU y Asufin subrayan que las garantías de reembolso tendrán un impacto directo en el grado de aceptación que la nueva divisa digital pública tenga entre la ciudadanía. En este sentido, recuerdan que una encuesta elaborada por BEUC en 2025 refleja que la seguridad y la fiabilidad son la máxima prioridad para los usuarios ante un nuevo método de pago, y que más del 80% de los encuestados teme no recuperar su dinero si no recibe un producto o si es víctima de una estafa.
De este modod, las plataformas de consumidores alertan de que la falta de una protección robusta cause un «daño reputacional» para el proyecto del euro digital, poniendo en duda «su capacidad para competir con los sistemas internacionales de tarjetas de pago y, por tanto, funcionar como una solución soberana europea ampliamente utilizada para pagos transfronterizos».
Por todo ello, insta al Gobierno español y al Banco de España a respaldar la posición del Parlamento Europeo sobre el Artículo 27 del Reglamento del euro digital, orientada a articular un sistema de reembolso equivalente al de las tarjetas internacionales que cubra tanto el fraude como las disputas comerciales con terceros.