En concreto, señala que el país encara el adelanto electoral desde un sólido crecimiento, diversificación económica, resiliencia del mercado laboral y expectativas de inversión sostenida, pero avisa de que «un estancamiento político prolongado podría lastrar el impulso reformista y ralentizar los avances» al abordar los retos pendientes nacionales, sobre todo respecto a «la elevada deuda pública, el alto nivel de desempleo, las presiones de gasto relacionadas con el envejecimiento de la población y la asequibilidad de la vivienda».
«Las elecciones generales anticipadas en España generan incertidumbre en cuanto a la gobernanza y la ejecución de las políticas, más que por suponer un desafío directo a los fundamentales del crédito soberano, respaldados por un sólido crecimiento económico, la mejora de los indicadores fiscales y la reducción de las vulnerabilidades externas», afirma en un análisis firmado por el director ejecutivo de Scope Ratings, Carlo Capuano, y la directora del sector soberano y público, Marta Sáenz Abenz.
Así, los autores señalan que el país entra en el período electoral desde una posición de «relativa fortaleza económica», con un crecimiento del PIB que –aunque se prevé que se modere del 2,8% en 2025 a una media de alrededor del 2,0% durante el período 2026-2031– se mantendrá «notablemente por encima» de la media de la zona del euro y de sus países homólogos.
Por tanto, afirman que «el principal riesgo crediticio asociado a las elecciones es de carácter político, más que económico». En esa línea, señalan el «panorama parlamentario cada vez más fragmentado» de España y que este «puede ralentizar la toma de decisiones, diluir las medidas políticas y complicar la gestión fiscal, especialmente cuando es necesario tomar decisiones difíciles en materia de gasto».
Para los inversores de deuda, prosiguen, «la cuestión principal será si las elecciones dan lugar a un Gobierno capaz de mantener una amplia continuidad en las políticas, incluida la prudencia fiscal», pues un período prolongado de negociaciones para formar una coalición o un nuevo recurso a presupuestos prorrogados «podrían ralentizar la aplicación de las reformas y reducir la flexibilidad política, aunque ello no altere de forma inmediata la trayectoria fiscal» del país.
Además, los analistas de Scope Ratings observan que la perspectiva crediticia de España sigue respaldada por factores que son «relativamente independientes» del ciclo electoral –como la previsión de que la inversión siga más allá de la ejecución de los fondos ‘Next Generation EU’, un sector turístico «sólido», tendencias migratorias «favorables», la mejora de la balanza de pagos y unos costes «moderados» del servicio de la deuda– y resaltan que «estos puntos fuertes aportan un cierto grado de resiliencia frente a la incertidumbre política a corto plazo».
Así, consideran «poco probable» que las elecciones, por sí solas, constituyan un evento crediticio «significativo», aunque indican que una mayoría de Gobierno clara o una coalición duradera «favorecerían la previsibilidad de las políticas», mientras que un estancamiento político prolongado podría frenar las reformas.
«En general, las elecciones representan un riesgo para la gobernanza y la ejecución de las políticas, más que una amenaza inmediata para los fundamentos crediticios de España. La perspectiva crediticia debería seguir respaldada por tendencias económicas y fiscales favorables, siempre que la evolución política no descarrile la trayectoria a medio plazo de la consolidación fiscal y las reformas estructurales», concluye el análisis.