Estas organizaciones han explicado que, bajo su punto de vista, la protección del aceite de oliva y de la rentabilidad de toda la cadena de valor exige una estrategia sectorial de largo plazo, basada en el crecimiento del consumo, la creación de demanda, la apertura y consolidación de mercados, la internacionalización, la competitividad y la generación de mayor valor añadido.
«España tiene que proteger su producción, pero también su capacidad para comercializarla y generar demanda», han demandado, incidiendo en que son dos objetivos que «se necesitan mutuamente».
CONTEMPLAR DE FORMA CONJUNTA LA PRODUCCIÓN Y LAS EXISTENCIAS
Por ello, Anierac y Asoliva proponen avanzar en una estrategia sectorial que contemple de forma conjunta la producción, las existencias, el consumo, las exportaciones, las importaciones, los precios y la evolución de los competidores internacionales.
«Las medidas deben encaminarse a ampliar la base de consumidores, reforzar la presencia internacional y consolidar su posicionamiento como producto saludable, versátil y de alto valor añadido», han añadido, reiterando su «compromiso con la estabilidad del sector del aceite de oliva, la sostenibilidad de la cadena de valor y la defensa del liderazgo internacional del aceite español».
Asimismo, comparten el objetivo de proteger el equilibrio de la cadena de valor y garantizar remuneraciones «justas» para todos sus eslabones. En este contexto, las advertencias y conclusiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre los riesgos de la retirada obligatoria para la competencia «respaldan los argumentos de Anierac y Asoliva respecto a la retirada obligatoria que plantea el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación».
CRÍTICAS A LA RETIRADA DE PRODUCTO
«La medida no está suficientemente justificada, resulta desproporcionada y puede resultar contraproducente para la competitividad del aceite de oliva español», han asegurado.
En este sentido, ambas organizaciones comparten los argumentos de la CNMC, que señala en su informe que «la retirada de producto constituye una restricción de la oferta susceptible de generar efectos muy negativos sobre la competencia, como incrementos de precios, reducción de incentivos para mejorar la calidad y la variedad de la oferta, y un mayor riesgo de coordinación entre operadores, con perjuicio a medio y largo plazo tanto para los consumidores como para otros eslabones de la cadena de valor y para la expansión de la actividad en mercados internacionales».
Asimismo, la activación de la medida se apoya en un mecanismo centrado esencialmente en variables de oferta, «sin incorporar suficientemente la evolución de la demanda, el comercio exterior, los precios o la presión competitiva de otros países productores».
El director de Anierac, Primitivo Fernández, ha señalado que «intervenir un mercado no es apretar un botón, ya que si el diagnóstico es incompleto, el remedio puede ser peor que la enfermedad». «Una cosecha alta no es sinónimo de sobreoferta, hay que mirar consumo, exportación, existencias y precios», ha añadido.
Al hilo, las entidades han recordado que el aceite inmovilizado no desaparece del mercado por lo que la medida puede ser «contraproducente y conlleva problemas para el sector al provocar costes financieros, logísticos y de conservación extraordinarios mientras que se mantienen intactas las obligaciones de pago establecidas por la Ley de la Cadena Alimentaria».
Por último, denuncian que «supone un riesgo para la competitividad del aceite de oliva español en el mercado internacional».