El texto legislativo irrumpe en la agenda socioeconómica fijando severas medidas de contención sobre las plataformas turísticas para atajar la evasión de datos y el desvío de oferta residencial hacia el mercado de estancia corta.
En este sentido, la norma establece que las ofertas de alquiler deberán incluir de forma obligatoria el índice de precios y la renta de los últimos cinco años, prohibiendo asimismo repercutir los gastos de gestión al inquilino y fijando multas de hasta un millón de euros o del 2% del volumen de negocio para las plataformas vacacionales que incumplan la cesión de información a la administración.
En el plano estrictamente tributario, el decreto contempla la aplicación progresiva de un gravamen de IVA del 10% a partir del 1 de diciembre de 2026 para los alquileres turísticos de menos de 30 noches que no constituyan la vivienda habitual del arrendador.
De forma paralela, a partir del 1 de enero de 2027 se capacita a los municipios para aplicar recargos de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sobre las viviendas de uso turístico y los inmuebles desocupados.
La regulación pretende asimismo blindar el mercado del arrendamiento de larga estancia persiguiendo los posibles fraudes de uso en modalidades temporales.
Por ello, la norma determina que la falta de causa justificada en los contratos de alquiler temporal o la concatenación de más de dos contratos consecutivos los transformará automáticamente en alquileres de vivienda habitual, al tiempo que fija que la suma de las rentas en los alquileres por habitaciones no podrá superar el precio del contrato unitario del inmueble completo.
Junto a la regulación de la oferta turística, el decreto instaura un mecanismo extraordinario para impedir desahucios de familias vulnerables en caso de impago de rentas.
Mediante este esquema, cuando un inquilino en situación de vulnerabilidad enfrente un proceso de desalojo, las administraciones públicas dispondrán de un plazo de dos meses desde la notificación para ofrecerle una vivienda alternativa.
Si la administración no facilita dicha solución en plazo, vendrá obligada a pagar la totalidad de la deuda al propietario o depositarla en el juzgado para frenar el lanzamiento, pasando a asumir formalmente la condición de deudora oficial frente al arrendador si transcurren los dos meses sin alternativa ni pago.
Asimismo, la normativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2030 la suspensión de los lanzamientos a personas vulnerables promovidos por grandes tenedores de deuda, suspende durante tres años los desahucios impulsados por el resto de demandantes mediante compensaciones económicas e impone a los grandes tenedores jurídicos la prohibición de adquirir viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación oficial para frenar la especulación.
Para incentivar la oferta de alquiler asequible, el decreto introduce con efectos retroactivos a 1 de enero de 2026 deducciones en el IRPF de hasta el 100% para aquellos propietarios que rebajen el precio más de un 5% en zonas tensionadas, crea una deducción en la renta del 10% para inquilinos con bases imponibles inferiores a 33.007 euros anuales y contempla la exención impositiva de las ganancias por venta de casas vacías a entidades públicas hasta 2027.
El paquete normativo se completa con la aplicación de un gravamen especial del 25% a las Socimi sobre beneficios no distribuidos, la dotación de 400 millones al Fondo de Vivienda de Impacto Social y la activación de líneas ICO y del programa ‘Tu Casa’, dotado con 10.000 millones de euros para la financiación sin intereses de la primera vivienda.
Todo ello mientras un segundo decreto de vivienda, cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de noviembre y que plantea indemnizaciones por no renovación de contratos, afronta un trámite incierto en la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.