Durante su discurso tras ser reelegido para un tercer mandato al frente de la patronal, ha asegurado que las organizaciones empresariales quieren «volver a aportar» desde el diálogo social, pero ha advertido de que no pueden hacerlo cuando los acuerdos alcanzados son posteriormente modificados mediante reales decretos o iniciativas parlamentarias.
«Lo hemos hecho por responsabilidad, porque jamás firmaremos algo que pensemos que no es bueno para el país, por muy popular y demagógico que sea el mensaje», ha señalado Garamendi, que ha defendido la independencia de las organizaciones empresariales y su papel constitucional como interlocutores sociales.
En este sentido, ha reivindicado el derecho a la negociación colectiva y ha recordado que la Constitución reconoce a sindicatos y organizaciones empresariales la defensa de los intereses que les son propios.
El presidente de la CEOE ha situado esta cuestión también en la negociación salarial y ha advertido de que no se pueden abordar las subidas de sueldos sin tener en cuenta el conjunto de los costes laborales. Según ha señalado, el coste laboral por trabajador se ha incrementado un 30,7% desde 2018, mientras que los costes laborales no salariales han aumentado un 34,2% en el mismo periodo.
Garamendi ha defendido que conocer la evolución de todos estos costes permite evaluar los márgenes existentes para seguir incrementando los salarios o crear empleo.
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Garamendi ha criticado también la gestión del Gobierno en materia de vivienda y, en concreto, la aprobación de decretos «a contrarreloj» para abordar un problema que, a su juicio, requiere estabilidad y seguridad jurídica.
«Lo que estamos viviendo estos días, con decretos sobre vivienda que se trocean, que se presentan públicamente redactados apenas horas antes a contrarreloj, cuya vida útil se sabe que será apenas días, resulta difícil de aceptar», ha señalado, antes de calificar de «grotesco» que «una parte del Gobierno, además, llame a manifestantes contra el propio Gobierno».
Garamendi ha advertido de que las medidas en materia de vivienda deben respetar la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, y ha rechazado que se traslade al sector privado la responsabilidad de resolver el problema de acceso a la vivienda.
«Si la responsabilidad ante la sociedad de hacer cumplir sus derechos es del Estado, tanto en su inacción y dejación durante los últimos años, no se puede echar a hombros del ahorro privado la obligación de dar respuesta a la sociedad y la responsabilidad de nuestros gobiernos en materia de vivienda», ha señalado.
En este sentido, ha defendido la iniciativa privada y la libertad empresarial como elementos fundamentales del modelo económico y social y ha alertado de que las decisiones adoptadas en vivienda no deben suponer una «invasión de la propiedad privada».
«La realidad es que algunos se creen Robin Hood y no son conscientes de que realmente son el sheriff», ha afirmado Garamendi, que ha reclamado, asimismo, «seguridad jurídica» y estabilidad regulatoria para afrontar el problema de la vivienda.