En concreto, el mandato del Consejo mantiene la propuesta de reducir al denominado «cero técnico» los límites máximos de residuos de sustancias especialmente peligrosas, previa evaluación de impacto, y amplía esta medida a aquellas cuyo uso pueda suponer riesgos inaceptables para las abejas o las aguas subterráneas.
Los límites máximos de residuos determinan la cantidad de restos de un pesticida que puede estar legalmente presente en alimentos o piensos de origen vegetal o animal. La modificación afecta a sustancias que han dejado de estar autorizadas en el bloque por propiedades que pueden, por ejemplo, causar cáncer, resultar tóxicas para la reproducción, alterar el sistema endocrino o provocar efectos negativos a largo plazo sobre el medio ambiente.
El texto contempla, no obstante, periodos transitorios para que los productos que cumplieran los límites anteriores antes de su reducción puedan seguir comercializándose durante un tiempo determinado, con el objetivo de evitar el desperdicio alimentario.
Junto a las nuevas condiciones para las importaciones, los Veintisiete han respaldado cambios en las reglas para comercializar productos fitosanitarios con los que buscan agilizar los procedimientos, especialmente para las alternativas consideradas más sostenibles.
Así, las sustancias de biocontrol tendrán prioridad en las evaluaciones previas a su aprobación, mientras que las sustancias activas de bajo riesgo y los productos que las contengan podrán recibir autorizaciones sin límite temporal.
Para el resto, la primera aprobación se ampliará hasta los 15 años y las posteriores hasta los 25, aunque se contemplan excepciones. A cambio de estos plazos más largos, el mandato introduce controles adicionales, entre ellos una revisión periódica por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de la literatura científica y de los datos de seguimiento disponibles.
El acuerdo forma parte del denominado ‘Ómnibus X’, presentado por la Comisión Europea para reducir cargas administrativas en la legislación sobre seguridad alimentaria y de los piensos sin modificar, según defiende Bruselas, los niveles de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente.
El paquete incluye asimismo cambios en las normas sobre biocidas, cuyos periodos de aprobación pasarán con carácter general a 15 años en el caso de las primeras autorizaciones y a 25 para las renovaciones, además de simplificar los procedimientos para determinados aditivos destinados a la alimentación animal y permitir el etiquetado digital de parte de su información.
En el ámbito de los alimentos y piensos modificados genéticamente, el Consejo respalda aclarar que los productos obtenidos mediante fermentación con microorganismos modificados genéticamente no sean considerados alimentos o piensos «producidos a partir de organismos modificados genéticamente», aunque prevé que la Comisión elabore orientaciones para reducir al mínimo la presencia de restos de estos microorganismos en los productos finales.
Con la posición de los Veintisiete cerrada, la presidencia del Consejo podrá iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo una vez que la Eurocámara adopte su propio mandato, con el objetivo de alcanzar un acuerdo provisional sobre el conjunto del paquete antes de finales de año.