Esta ley, que el Consejo de Ministros remitió al Congreso en diciembre de 2025, supone que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de la deuda existente en las comunidades con el fin de mejorar la situación financiera de las autonomías, facilitar el acceso a los mercados en mejores condiciones y permitir un ahorro en intereses de unos 6.700 millones.
El Gobierno sostiene que la asunción de deuda «corrige unos desequilibrios que las cuentas de las comunidades arrastran desde hace más de una década» y que reflejan que «la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera supuso un fuerte deterioro de las cuentas públicas».
El texto se guardó en un cajón durante seis meses y el pasado mes de julio se celebró su primer debate en el Pleno del Congreso, en el que fueron rechazadas las enmiendas de totalidad planteadas por el PP y Vox. Y ahora se da un nuevo paso poniendo fin a la prórroga de las enmiendas al articulado, que los grupos deberán presentar este miércoles.