Así lo han indicado a Europa Press desde Anamar, que señala que han solicitado que se arbitren las medidas «oportunas» ante una posible paralización del sector en aguas de Mauritania si no se llega a un acuerdo y mientras que se alargue las negociaciones con el país africano que, a juicio de la asociación son complejas porque se ha pedido una mayor contrapartida económica a cambio de renovar el convenio para mantener abierto el caladero y los desacuerdos «son muy grandes».
Ante ello, también el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado este lunes al Gobierno central que «despliegue toda la tarea diplomática que sea necesaria» para lograr la renovación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea (UE) y Mauritania y que plantee «medidas transitorias» para la flota si no se alcanza un nuevo pacto antes de que expire el actual protocolo.
Por ello, ante la posibilidad de que finalmente no se autorice a la flota española a seguir trabajando en la zona o que si se llega muy tarde a un acuerdo y «la burocracia» pueda hacer que los buques «se mantengan paralizados durante meses», lo que «se podrían alargar hasta febrero o mazo», desde Anamar han solicitado ayudas.
Señalan desde la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco que una de las medidas sería abrir el caladero de Guinea-Bisáu pero «es muy pequeño y no caben tantos buques» como los que actualmente se encuentran trabajando en Mauritania, que consideran un caladero histórico e «insustituible» para la pesca marisquera.
Ya el pasado 15 de septiembre Anamar explicaba que el último protocolo, firmado en 2021, contempló una aportación comunitaria de 57,5 millones de euros al Estado mauritano, a los que se suman otros 3,3 millones destinados a proyectos de desarrollo local, investigación e infraestructuras.
A esa factura pública se añaden los pagos que corren directamente por cuenta de los armadores como son las licencias, tasas portuarias y cánones por descarga que varían según la especie capturada, en el caso de los marisqueros onubenses «de 450 euros por tonelada».
«A estos costes fijos se suman los del transporte terrestre de las capturas hasta la Península –cada camión puede rondar los 7.000 euros por descarga– y el combustible, cuyo precio también ha aumentado sin tregua en los últimos meses», indica.
En conjunto, subraya Anamar que los gastos operativos de cada buque «superan con facilidad el millón de euros anuales», una «presión financiera» que hace «especialmente sensible» a esta flota ante cualquier subida adicional de cánones o cualquier parón forzoso por falta de acuerdo, así como el aumento del combustible «que a día de hoy hace inviable económicamente la pesquería».