Tras el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años discapacitada que llevaba siete décadas viviendo en un piso en el madrileño barrio de Retiro, el Gobierno ha prometido impulsar un decreto ley que eviten episodios como este, además de otras medidas para atajar la crisis de vivienda que adolece el país.
En ese marco, el Ejecutivo está manteniendo conversaciones con Junts para asegurar su apoyo habida cuenta que los catalanes vienen rechazando las recetas en materia de vivienda que plantea la izquierda y el Gobierno. Así, el Gobierno estaría dispuesto a conceder beneficios fiscales a los propietarios para ganarse el apoyo de los posconvergentes.
SI QUIERE SEGUIR DE MINISTRA, ESCUCHE BIEN
El diputado de Compromís y también portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha denunciado esas negociaciones este lunes en la Cámara Baja: «La ministra tiene una tendencia a escuchar a las derechas antes de escuchar, en primer lugar, a la calle y, en segundo, a sus socios de investidura. Le valdría a la ministra, si quiere continuar siendo ministra, escuchar bien».
En este plano, Ibáñez ha exigido que el decreto no puede ser «bajo ningún concepto, una rebaja del acuerdo de mínimos» alcanzado con los socios de investidura y se prorroguen de forma automática los contratos de alquiler que vayan a vencer, se regulen los alquileres de temporada y habitaciones, se eliminen bonificaciones a caseros, y se prohíba la compra de vivienda por parte de fondos ‘buitre’.