Esta reclamación encabeza un paquete de «medidas necesarias, urgentes y estructurales» acordado por estas cuatro organizaciones para frenar la pérdida «sistemática» de rentabilidad y competitividad en el olivar de almazara.
En este ámbito, piden intensificar las inspecciones y los controles sobre los movimientos de producto, verificando no sólo la comercialización sino también los procesos industriales y el balance de masas para evitar la adición de aceites de semillas, de orujo o desodorizados.
Para respaldar este control, reclaman el uso de tecnologías que permitan cruzar datos entre los registros de SIMO, Remoa, Contratos y Aduanas, además de obligar a los operadores a incluir en el sistema Remoa el precio y el contrato correspondiente al aceite transportado.
Asimismo, piden apoyar la investigación de métodos químicos para detectar mezclas ilegales y aportar objetividad a las catas organolépticas.
Junto a la lucha contra el fraude, estas cuatro organizaciones solicitan al Gobierno que otorgue al olivar de almazara la consideración de cultivo y producto estratégico por su peso económico, social y medioambiental, recordando que España es el líder mundial de producción.
En materia hídrica, demandan priorizar al olivar en el acceso al agua, aumentar la superficie de regadío, buscar nuevas fuentes de captación y garantizar dotaciones iguales para todos los tipos de producción frente al impacto de las condiciones climáticas extremas.
RECLAMAN UNA LÍNEA DE PRÉSTAMOS ICO
Para regular la oferta y la demanda, exigen la aplicación del artículo 167 bis de la normativa europea planteada por el Ministerio de Agricultura. Se trata de un mecanismo legal que permite regular la oferta para mejorar la estabilidad y el funcionamiento del mercado del aceite de oliva.
A través de esta herramienta, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a petición del sector o por iniciativa propia, puede establecer normas obligatorias de comercialización para retirar o almacenar temporalmente producto cuando se dan situaciones de grave desequilibrio entre la oferta y la demanda o fluctuaciones extremas de precios.
Las cuatro organizaciones reclaman además una línea de préstamos ICO para que las almazaras afronten los costes financieros de la autorregulación.
En el ámbito del comercio exterior, demandan un mayor control y trazabilidad sobre las importaciones en depósitos aduaneros y la supresión del régimen de perfeccionamiento activo y del contingente arancelario, señalando de forma específica a las importaciones procedentes de Túnez por distorsionar el mercado.
Por último, piden dotar de eficacia a la Ley de la Cadena Alimentaria fijando costes medios de forma objetiva, controlando los precios de importación y fijando compensaciones para los productores cuando no se alcancen los umbrales de rentabilidad.
El acuerdo alcanzado por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España se completa con la petición de un plan de reconversión con fondos públicos y un plan estratégico integral para el olivar tradicional.