La cifra, proveniente del último informe anual de OIReScon, incluye que, en el caso de los servicios, un 40% del total de licitaciones, uno de cada tres, solo tiene un licitador.
La patronal atribuye esta situación a «la imposibilidad de revisar precios de los contratos», pues estos «se firman a precio cerrado, a veces a seis u ocho años con prórrogas, y ese precio no se puede tocar, mientras hay costes sobrevenidos que encarecen el servicio», desde aumentos «continuos» del salario mínimo interprofesional al incremento del precio de la energía.
En concreto, señala que esto afecta a sectores como las residencias de mayores, donde indican que suben los precios de los alimentos o el de la climatización, con precios de 72 euros por plaza concertada «cuando deberían cobrar 86 euros», o la ayuda a domicilio, que no puede repercutir las mejoras del convenio en las condiciones de los auxiliares.
También pone el foco en la restauración colectiva, con un último real decreto de menús escolares que incrementa los costes empresariales entre un 3% y un 5%.
Además, critica en un comunicado una regulación que «estrangula la viabilidad» de estas empresas, por medio de factores como el registro horario, la directiva de transparencia salarial u otra «posible» subida de sueldos en 2027.
En esa línea, la patronal dice apoyar la mejora de las condiciones laborales, pero matiza que esta debe ir «en consonancia con la viabilidad de los servicios que sus representados prestan», y apunta a Hacienda como «el escollo principal ahora mismo» por su negativa a posibilitar la revisión de precios en la Ley de Contratos del Sector Público.