En este sentido, la responsable de la gestión de la financiación del Estado ha adelantado durante su intervención en un simposio organizado el Instituto Español de Banca y Finanzas (IEBF) que el reto pasa por que la Unión Europea (UE), y concretamente la Comisión, sea capaz de llevar a cabo una propuesta legislativa «ágil» que sea capaz de saber donde está la línea entre «avanzar» y no hacerlo demasiado, por lo que ha emplazado a las partes implicadas a «tener altura de miras».
Así, Conthe ha celebrado que la UE haya llevado a cabo una consulta con más de 200 propuestas, y se haya comprometido a presentar una propuesta legislativa en el primer trimestre de 2027, al tiempo que haya invitado a la industria a mantener el diálogo continuo y seguir dirimiendo.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Kindelán, y en nombre del sector, ha reivindicado que mediante la simplificación regulatoria la banca «no pide rabajar los estándares de solvencia», puesto que la estabilidad debe seguir siendo el «eje central». «Pedimos un marco más estable y predecible, porque la normativa actual consume recursos que podrían destinarse a financiar otros proyectos, produce incertidumbre y genera un sesgo conservador. Por eso no podemos conformarnos con un parche», ha subrayado Kindelán.
Al respecto, Conthe ha celebrado que las exigencias de la industria no supongan confrontación entre «competitividad y solvencia». Además, sobre los requerimientos actuales que las instituciones comunitarias y nacionales imponen a la banca, la secretaria del Tesoro ha apuntado que han podido ser excesivos, pese a la fortaleza del sector.
«Hemos visto épocas de turbulencias financieras en las que el sector ha respondido muy bien como cuando el Covid-19, pero es verdad que se mueve en un marco legislativo complejo. Nos hemos podido pasar de frenada revisando ciertos requerimientos», ha precisado la representante de Economía, quien, a su vez, ha avanzado que «se va a preservar la solvencia al tiempo que reducir la regulación.»
MANDATO DE COMPETITIVIDAD
Por otro lado, Kindelán ha afirmado que el supervisor debe reforzar el foco en materia de competitividad. Sobre ello, Conthe ha censurado que «llevar muchos gorros y ampliar mandatos puede complicar el trabajo». «Incorporar la competitividad al mandato del regulador es igual de peligroso que contar con muchos reguladores», ha argumentado.
Ante el rechazo, el director general de CECA, Antonio Romero, ha aseverado que a pesar de que el BCE no tenga competencias de regulación, a través de su función supervisora genera una «regulación de facto», por lo que ha pedido que si no se quiere un mandato «explícito», se exploren otras alternativas. «Exploremos la fórmula de la rendición de cuentas, exploremos la fórmula de un foro en el que de alguna manera se debata de competitividad», ha puntualizado.
En cuanto a la superposición de normativas comunitarias y nacionales, la secretaria del Tesoro ha asegurado que desde las instituciones tienen que estudiar cómo ejercen otras geografías en esta materia para «no dejar a la industria europea en desventaja».
En esta línea, el director general de CECA ha expuesto que la Comisión Europea está cambiando en el tipo de instrumentos que emplea para aplicar la ley, pero ha criticado el intervencionismo de los gobiernos nacionales. «Nosotros hemos defendido siempre el uso de los reglamentos para que sea común para todos. Hay un esfuerzo armonizador por parte de la UE, pero luego los parches de los Estados acaban por destruir los esfuerzos de la Comisión», ha criticado Romero.
No obstante, Conthe ha respaldado la decisión de los Estados nacionales, puesto que a pesar de que los supervisores sean a nivel europeo, las redes de seguridad son nacionales, por ello, ha concluido que «tiene sentido que los países impongan requerimientos, ya que no se fían de que las matrices de los bancos vayan a inyectar liquidez en momentos de tensión en sus regiones».