El pasado día 9, Bruselas publicó su propuesta normativa sobre contratación pública que trata de simplificar y actualizar estos procedimientos y que, por primera vez, incluye de manera explícita la compra pública alimentaria entre su articulado.
«Esto supone dar un paso adelante e introducir en sus criterios de adjudicación que los comedores públicos ofrezcan una remuneración justa para las personas agricultoras y ganaderas», ha señalado la entidad, añadiendo que otros elementos que se pueden tener en cuenta son la forma en que se organizan las cadenas de suministro de alimentos, la producción ecológica, las indicaciones geográficas u otros esquemas de calidad.
TENER EN CUENTA LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES
En este sentido, COAG ha explicado que con esta publicación se abre la puerta a que los compradores públicos tengan en cuenta «no solo el precio a la hora de adquirir alimentos para comedores públicos, sino también la calidad de las producciones, criterio que deberá formar parte al menos el 30% de la adjudicación». No obstante, la asociación ha apuntado que la Comisión deja «demasiadas vías abiertas para eludir este porcentaje».
La responsable de la comisión ejecutiva de COAG, Isabel Vilalba, ha subrayado que «si bien hay elementos positivos en la propuesta, los planteamientos de la Comisión Europea son poco ambiciosos y, si no se mejoran sustancialmente durante el proceso legislativo que ahora se abre, no van a provocar la transformación de los sistemas alimentarios que podría posibilitar una palanca de cambio tan potente como es la compra pública». Para COAG, existen «muchos elementos de mejora que deberían introducirse en la normativa comunitaria».
«Ahora es turno del resto de legisladores, Consejo y Parlamento Europeo, e instamos a ambas instituciones a corregir la propuesta presentada y configurarla como herramienta política clave para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, que producen de forma sostenible, protegiéndolas al mismo tiempo de la volatilidad del mercado y de los precios estructuralmente bajos», ha comentado.
APUNTAN A LA COMPRA PÚBLICA COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA
La propuesta de COAG se centra principalmente en que la compra pública debe utilizarse como herramienta estratégica para apoyar la regulación justa y transparente del mercado, así como en la prioridad de dar preferencia en la compra pública al modelo de pequeña y mediana agricultura y ganadería e introducir factores relativos a dicho modelo entre los criterios de adjudicación vinculados a la calidad.
Así, destacan que se deben priorizar las compras de producción local, las producciones diversificadas, ecológicas y agroecológicas, o de sectores vulnerables como la ganadería extensiva, así como que se deben adoptar modelos de contratación a largo plazo, con esquemas de compensación que reflejen el «verdadero coste de una producción sostenible y que sean descentralizados, permitiendo flexibilidad y capacidad de respuesta a las economías alimentarias locales y a las condiciones ambientales».
Asimismo, insisten en que la compra pública debe permitir la generación de reservas estratégicas públicas mediante la intervención de los mercados cuando los precios caigan por debajo del 80% de los costes de producción medios, según determinen los distintos Observatorios públicos de Precios y Cadena, ya sean europeos, estatales o territoriales.
También demandan explorar vías de trabajo, como la Seguridad Social de la Alimentación, que produzcan un cambio profundo del sistema alimentario, protegiendo el modelo social de agricultura y ganadería y asegurando el derecho a la alimentación adecuada por parte de toda la población. En definitiva, COAG reclama una «visión global y estructural sobre la compra pública como elemento transformador hacia un modelo productivo y de comercialización más sostenible».