El estudio sitúa a España por delante de Venezuela, con 24 laudos impagados y obligaciones pendientes por 19.300 millones de dólares, y de Rusia, con 13 casos. No obstante, Rusia encabeza la clasificación por importe adeudado, con 61.800 millones de dólares pendientes de pago, seguida de Venezuela, mientras que España ocupa la tercera posición por cuantía.
A los más de 2.000 millones de dólares correspondientes a las indemnizaciones reconocidas en los laudos sin abonar se añadirían cerca de 600 millones de euros por intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes, según la nota metodológica del informe.
El documento, publicado este mes por el ‘think tank’ neerlandés dirigido por el jurista y académico Nikos Lavranos, analiza la situación de los arbitrajes internacionales de inversión entre Estados e inversores. El texto subraya que España figura en cabeza por número de incumplimientos, con una cifra que casi duplica los 13 registrados por Rusia.
La situación española se enmarca, en buena parte, en los arbitrajes derivados de las reformas regulatorias en materia de renovables y de las controversias planteadas bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía.
El informe considera especialmente compleja la ejecución de los laudos intraeuropeos, aunque apunta a que las vías de ejecución fuera de la Unión Europea están ganando eficacia en jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur o Suiza.
A cierre de 2025, el estudio contabilizaba un total de 1.463 procedimientos de arbitraje de inversiones, de los que 1.112 habían concluido, 311 seguían en tramitación y 40 figuraban en una situación no determinada por cláusulas de confidencialidad. Del total de expedientes concluidos, el 38,3% terminó con una decisión favorable al Estado demandado y el 28,4% con un fallo a favor de los inversores, mientras que el 17,3% se resolvió mediante acuerdo.
En el caso de los arbitrajes administrados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, el 53% de las decisiones adoptadas en 2025 admitió total o parcialmente las reclamaciones de los inversores, frente al 31% que las rechazó.
El ILCI destaca que el aumento de los procedimientos y de los laudos emitidos eleva la relevancia del cumplimiento efectivo de las decisiones arbitrales, al entender que una controversia no queda plenamente resuelta hasta que el Estado cumple sus obligaciones, incluido el pago de las indemnizaciones cuando corresponde.