La iniciativa parlamentaria, que insta al Ejecutivo a modificar el Real Decreto 1559/1986 para poner fin a la exclusión del colectivo respecto a otras profesiones de vuelo, fue aprobada por 19 votos a favor, 13 abstenciones y 4 votos en contra.
Desde Sitcpla han recordado que encabezan esta reivindicación desde 2003 y han mostrado cautela ante el alcance de la medida. «Una PNL es un paso. El BOE será el resultado», y «la confianza llegará cuando la corrección esté publicada», han subrayado desde la central, recordando que la exclusión original de los auxiliares de vuelo se produjo hace 40 años bajo un Gobierno del PSOE y que corresponde ahora a un Ejecutivo del mismo partido corregir aquella discriminación.
CONTESTAN A CCOO y UGT
Sitcpla ha respondido con dureza a la nota difundida en las últimas horas por CCOO y UGT, que enmarcaban este avance en algo más de dos años de trabajo sindical.
El sindicato profesional contrapone que su trayectoria es una «secuencia documentada» que arrancó en 2003, pasó por la judicialización en 2017, alcanzó el Tribunal Supremo en el Auto de 15 de enero de 2020 (recurso 22/2019) y llegó a las instituciones comunitarias en 2023.
En este sentido, señalan que es una «buena noticia» que las dos centrales de clase se sumen a la recta final, pero critican que intenten «borrar 23 años de trabajo» o «presentar como un descubrimiento reciente» la modificación directa del Real Decreto 1559/1986, una vía normativa que Sitcpla ya confirmó necesaria tras registrar más de 300 desestimaciones administrativas individuales frente a menos de una decena de resoluciones favorables.
FRENTES JUDICIAL Y EUROPEO
Para garantizar la efectividad de sus demandas, el sindicato de los TCP ha confirmado que mantendrá abiertos los frentes judicial y europeo, por lo que no retirará las acciones iniciadas en otros ámbitos.
Por un lado, la organización prepara la impugnación ante la Audiencia Nacional tras la inadmisión administrativa del procedimiento promovido bajo el Real Decreto 402/2025.
Por otro, mantiene activa la denuncia ante la Comisión Europea iniciada en septiembre de 2023, así como la petición PETI 0897/2023 en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a las que volvió a dirigirse formalmente el pasado 19 de septiembre.
«No cerramos expedientes porque exista una promesa. Los cerramos cuando existe una solución», ha concluido la central, asegurando que mantendrá todas las vías abiertas hasta la entrada en vigor del nuevo marco normativo.