Así lo ha explicado este lunes, tras la tercera reunión de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de Baleares, el director general de Puertos y Transporte marítimo, Antoni Mercant, que ha detallado que el dispositivo de control del litoral y las actuaciones que se han llevado a cabo este año buscan «combatir el alquiler irregular de embarcaciones y proteger al sector náutico que opera legalmente».
La principal novedad de esta temporada ha sido la puesta en marcha del Servicio de Control y Vigilancia del Litoral, integrado por 22 embarcaciones operativas distribuidas entre las diferentes islas y coordinadas desde un centro de control, que combina actuaciones programadas con intervenciones ante avisos sobre posibles irregularidades y «permite mantener una vigilancia permanente de la actividad marítima».
Hasta mediados de septiembre, el servicio ha desarrollado 147 jornadas documentadas y ha realizado más de 1.358 registros de actividad o comprobaciones en el conjunto de las Islas, lo que ha permitido levantar 128 actas y emitir 39 boletines de denuncia.
Mercant ha indicado que los controles se centran especialmente en las actividades de chárter, la documentación y las condiciones de seguridad de las embarcaciones, los fondeos, la protección de la posidonia, el transporte y embarque de pasajeros y el funcionamiento de los campos de boyas.
En el caso concreto del chárter, las inspecciones han detectado, entre otras irregularidades, embarcaciones que desarrollan la actividad sin haber presentado la declaración responsable o sin estar inscritas, la ausencia del identificador obligatorio, contratos inexistentes o incoherentes, documentación comercial incompleta o patrones que no disponen de la titulación exigida.
El dispositivo también ha incorporado el uso de drones en determinadas actuaciones, una tecnología que permite controlar zonas de difícil acceso, realizar un seguimiento «más amplio» de las embarcaciones y los fondeos y obtener imágenes, coordenadas y otra documentación gráfica que posteriormente puede incorporarse a los procedimientos administrativos.
En cuanto a los datos de cada isla, Mallorca concentra el mayor volumen de actividad del nuevo servicio, ya que entre el 4 de junio y el 14 de septiembre se han desarrollado 72 jornadas, con más de 1.231 comprobaciones, 74 actas levantadas y 16 boletines de denuncia.
En Menorca, el servicio ha documentado 48 jornadas de actividad entre el 27 de mayo y el 13 de septiembre, con 61 actuaciones, 35 actas y nueve boletines de denuncia, mientras que en Eivissa y Formentera, entre el 22 de junio y el 14 de septiembre, se han acumulado 27 jornadas, 66 actuaciones, 19 actas y 14 boletines de denuncia.
Asimismo, Mercant ha señalado que en 2025 se abrieron 162 expedientes sancionadores relacionados con infracciones en materia de transporte marítimo y alquiler de embarcaciones, con propuestas de sanción por valor de 471.000 euros, lo que implica un aumento del 853% desde 2019, cuando se incoaron tan solo 17 expedientes.
Durante 2026 también se han excluido 36 embarcaciones del registro de chárter por «incumplir los requisitos exigidos para desarrollar esta actividad». Además, se han enviado dos requerimientos a Airbnb para retirar ofertas de alojamiento en embarcaciones y otro a una web para eliminar anuncios de embarcaciones de lista séptima destinadas al alquiler en Baleares.
REFUERZO DE LA PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE TRANSPORTE
Por su parte, la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antonia Estarellas, ha anunciado que el Govern incorporará ocho nuevas plazas de inspección en el transporte de pasajeros, una ampliación que supondrá un incremento del 40% de la plantilla actual en esta materia.
«La previsión es que las nuevas plazas puedan incorporarse durante 2027 y estén operativas para la próxima temporada turística», ha indicado.
Estarellas ha añadido que el Plan ITS 2026-2027 destinará más de dos millones de euros a dos proyectos impulsados por la Dirección General de Movilidad y ha matizado que la mitad de este presupuesto «reforzará directamente los medios personales de inspección».
La consellera ha argumentado que este aumento de personal permitirá incrementar el número de inspecciones y, en consecuencia, la capacidad para detectar conductas infractoras y tramitar expedientes sancionadores, así como reducir los plazos de inicio de los procedimientos y «reforzar el efecto disuasorio» frente al transporte ilegal, a la vez que contribuirá a «mejorar la seguridad» de los usuarios.