Se trata de una reforma que el grupo plurinacional ya defendió con anterioridad en la Cámara Baja y que no fue admitida a trámite ante el rechazo mayoritario de PP, Vox y Junts y la abstención del PSOE.
Sin embargo, el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha recordado que el presidente estadounidense, Donald Trump, defendió una propuesta similar y Vox salió a aplaudirla, por lo que ha animado a los de Santiago Abascal a apoyar la admisión a trámite del texto.
El diputado ha espetado a Vox que «no se puede ser patriota y defender la defensa nacional» y al mismo tiempo votar en contra de una proposición de ley que quiere vetar al capital extranjero la compra de viviendas.
En el turno de fijación de posiciones y tal como ya sucedió en noviembre de 2025 cuando se debatió por primera vez la propuesta, tanto Esquerra Republicana (ERC), como Bildu, Podemos y BNG ya han avanzado su apoyo a la admisión trámite del texto, mientras que PNV y Junts han expresado sus críticas.
EL PNV VE LA PROPUESTA «ILIMITADA»
En concreto, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha señalado que aunque ya hay países como Suecia o Canadá donde se han introducido prohibiciones a inversores extranjeros en la compra de vivienda, la propuesta de Sumar es «ilimitada» con difícil encaje en el ordenamiento jurídico actual.
Así, Vaquero ha criticado que la propuesta del grupo plurinacional obedece más a un criterio «ideológico» y ha defendido que medidas que intervienen el mercado como esta tienen que ser «excepcionales, limitadas y acotadas» y teniendo en cuenta la realidad concreta de cada territorio.
La diputada de Junts Marta Madrenas ha criticado la propuesta durante su turno, apuntando que los jóvenes y las familias trabajadores «solo saldrían perdiendo» si se aprobara, pues está redactada de tal manera que «perjudican las cooperativas, ayuntamientos, la Generalitat y empresas públicas que, precisamente, trabajan para facilitar la vivienda».
La portavoz independentista también ha censurado que el texto no establece ningún límite a la renta del comprador ni del patrimonio, por lo que «si Florentino Pérez quiere comprar 100 pisos en Barcelona» podría hacerlo «sin ningún problema», mientras que un joven con 20.000 euros ahorrados seguirá teniendo los mismos problemas para comprarse un piso.
La diputada del PSOE Irene Jódar ha dicho que aunque desde su partido se va a continuar trabajando para acabar con la especulación y defender el derecho a una vivienda, se hará «acorde a la ley y al ordenamiento jurídico existente».
En este sentido, la socialista ha recordado que en 2023 el Gobierno aprobó una Ley de Vivienda que tiene como base la limitación de los precios del alquiler y, sin embargo, el PP no la aplica en las comunidades autónomas donde gobierna.
VOX CARGA CONTRA CASA 47
El portavoz de vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha criticado duramente la proposición de ley de Sumar, calificándola de «chapuza legislativa» y denunciando que el Gobierno ha fracasado en su gestión de la crisis habitacional tras ocho años en el poder.
Hernández Quero ha cuestionado los resultados de Casa 47, afirmando que es una web «chusca» con «tres powerpoints de colorines» y una oferta «pírrica» y «grotesca», en referencia a las 800 viviendas que ha presentado el Ejecutivo.
El diputado de Vox ha subrayado que «800 viviendas es lo que hacía una mala tarde la administración pública cualquier año en los 60 o en los 80», criticando que estas viviendas «ni siquiera son nuevas, que ya formaban parte de un parque existente, del parque descascarillado de la Sareb».
Por parte del PP, el diputado Miguel Ángel Sastre Uyá ha criticado duramente la iniciativa legislativa como una medida que «flaquea jurídicamente» y forma parte de las «recetas fallidas» del Gobierno de coalición en materia de vivienda.
En esta línea, el parlamentario ‘popular’ ha apuntado que casi nueve de cada diez viviendas las compran personas físicas, por lo que la reforma de los plurinacionales sólo afectaría al 10% del mercado. «Después de años de zancadillas inútiles a la mayoría de propietarios, pretenden solucionar ahora el problema atacando solo al 10%», ha zanjado.