El sindicato ha explicado en un comunicado que ha solicitado la convocatoria urgente de la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas para que el Gobierno apruebe fondos extraordinarios o utilice los ya aprobados, así como de la Unión Europea, para aplicar este complemento económico, como ya se ha hecho en el caso de la Policía Nacional.
CSIF ha resaltado el compromiso «ejemplar» de todos los sectores «sin excepción», así como por colectivos del sector privado que resultan vitales en el día a día, como es el caso de la seguridad privada.
La organización que dirige Miguel Borra ha advertido de que «no tolerará» que se generen «trabajadores de primera y de segunda» ante una crisis que sufre toda la ciudadanía por igual.
Por ello, además de la convocatoria de la Mesa General, CSIF solicitará de manera formal a la Delegación del Gobierno, a la ciudad autónoma y a las patronales de las contratas privadas la apertura de mesas técnicas para diseñar la extensión de este plus de productividad extraordinaria.
Asimismo, demandará que los próximos recursos extraordinarios destinados a Ceuta contemplen partidas específicas para sufragar esta compensación salarial de forma retroactiva.
CSIF mantiene su hoja de ruta para trasladar a las instituciones europeas en Bruselas la necesidad de un plan de contingencia laboral integral, recordando que Ceuta es la frontera de Europa y que sus trabajadores públicos y privados no pueden seguir trabajando al límite de sus fuerzas sin el respaldo económico de la Unión.
ACCIONES JURÍDICAS DE CSIF
El presidente de esta organización, Miguel Borra, viajó la semana pasada a Ceuta y mantuvo reuniones con delegados sindicales y empleados públicos de los sectores afectados para escuchar de primera mano sus demandas y la situación en la que se encuentra la prestación de servicios que reciben los ciudadanos.
CSIF prepara acciones jurídicas para reclamar la responsabilidad del Gobierno y del resto de administraciones en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta por los efectos que se han derivado en el funcionamiento de los servicios públicos y las condiciones de trabajo de sus empleados.
«Trabajamos en acciones judiciales por actuaciones u omisiones concretas del Gobierno con posibles responsabilidades respecto a la obligación legal, administración responsable, tanto en España (incluido una queja formal ante el Defensor del Pueblo), así como ante la Comisión Europea», explican desde el sindicato.