En un comunicado conjunto, ambas organizaciones han pedido a los grupos parlamentarios que impidan la convalidación de la norma en su redacción actual y han requerido que su tramitación continúe como proyecto de ley -tal y como se había planteado inicialmente- para garantizar la participación de los agentes sociales y no renunciar al debate democrático.
«No es de recibo (…) que el proceso legislativo no se haya culminado con su votación en el Pleno de la Cámara», apuntan los sindicatos, que «no comparten» que este trámite haya sido sustituido «de manera unilateral» por el Gobierno a través de la aprobación de un Real Decreto-ley.
Asimismo, han reclamado al Ejecutivo el impulso de una ley que defina y reconozca el valor del diálogo social y la participación institucional en términos que respeten la función constitucional otorgada a los sindicatos.
CRITICAN SU EQUIPARACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS
Según denuncian las centrales sindicales, la norma actual equipara a las organizaciones sindicales con el papel de los grupos de interés, lo que supone «ignorar, por parte del legislador, las funciones representativas constitucionales atribuidas a los agentes sociales directamente por los artículos 7 y 28 de la Constitución y por la propia Ley Orgánica de Libertad Sindical».
En este sentido, argumentan que los sindicatos son «sujetos constitucionales» y que su caracterización como grupo de interés por participar en políticas públicas y proyectos normativos supone desconocer el contenido de un derecho y una obligación legal.
A diferencia de los grupos de interés, CCOO y UGT subrayan que su representatividad deriva de «procesos electorales abiertos, plurales y democráticos» y no de defender intereses económicos particulares.
Además, advierten de que la norma, que se someterá a la convalidación del Congreso la próxima semana, no excluye expresamente a los sindicatos de la lista de sujetos exentos (donde sí figuran administraciones públicas, organismos internacionales, partidos políticos o colegios profesionales), por lo que quedan comprendidos «por omisión» en la definición general de grupo de interés que hace la ley.
UGT y CCOO subrayan que el Acuerdo Interinstitucional de la UE de 20 de mayo de 2021 sobre el registro de transparencia obligatorio excluye expresamente las actividades de los interlocutores sociales en el diálogo social.
Por ello, consideran que trasladar la norma europea al ordenamiento español sin un tratamiento equivalente supone otorgar «menos garantías» a la libertad sindical que el propio modelo europeo de referencia.
«No es acertado invocar, ni siquiera por analogía, el modelo europeo de registro de transparencia que la propia norma cita como referencia: en el ámbito de la Unión Europea los sindicatos, en su condición de interlocutores sociales, cuentan con un tratamiento específico y diferenciado del resto de grupos de interés», defienden.
CRÍTICAS POR USAR LA FIGURA DEL REAL DECRETO-LEY
Por otro lado, los sindicatos denuncian que el uso que ha hecho el Gobierno de la figura del Real Decreto-ley para aprobar esta norma incumple el artículo 86.1 de la Constitución.
A su juicio, no concurren razones de «extraordinaria y urgente necesidad», puesto que el proyecto de ley llevaba tramitándose más de un año en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Asimismo, recuerdan que este instrumento no puede regular materias reservadas a ley orgánica, como la libertad sindical, ni afectar a los derechos y libertades.
Ante esta situación, ambos sindicatos consideran necesario que el Gobierno tome la iniciativa para aprobar una norma que regule el diálogo social y la participación institucional, garantizando la seguridad jurídica, la transparencia y el respeto al derecho a la negociación colectiva recogido en la Constitución.
En este sentido, UGT y CCOO han afirmado que disponen de una propuesta articulada para comenzar a trabajar de manera inmediata en esta materia.