La organización agraria ha trasladado esta posición a representantes de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER).
Tras los contactos, el coordinador estatal de la entidad, Luis Cortés, ha manifestado la preocupación del sector y ha indicado: «Llegamos a Bruselas preocupados y nos volvemos todavía más preocupados», ante la falta de concreción sobre la financiación y las normas de aplicación del nuevo marco comunitario.
En relación con los fondos y el calendario, la organización ha reclamado mantener la ambición presupuestaria del 2% y ha pedido garantías de que el 10% de los recursos nacionales no asignados previamente beneficie de forma efectiva al medio agrario.
Asimismo, ha advertido de que una mayor cofinanciación puede provocar desigualdades territoriales y ha solicitado que se mantengan las actuales reglas de pago en la campaña de 2027 para evitar que la incertidumbre bloquee la compraventa de derechos y los arrendamientos rústicos.
Respecto a la distribución de las ayudas, Unión de Uniones ha defendido un límite obligatorio de 100.000 euros por explotación y una degresividad a partir de los 40.000 euros vinculada al empleo generado. Del mismo modo, la entidad ha demandado conservar la actual definición de agricultor activo, apoyar el régimen simplificado para pequeños productores hasta los 3.000 euros, adaptar los ecorregímenes a la realidad de cada territorio e impulsar las ayudas al relevo generacional en el campo.
Por último, la organización ha solicitado una regulación específica que autorice los tratamientos fitosanitarios con drones y ha pedido alternativas eficaces ante la retirada de sustancias químicas activas.
En el ámbito comercial, ha reclamado reciprocidad en pactos con terceros bloques como Mercosur, ha alertado del impacto del mecanismo de ajuste en frontera por carbono en los fertilizantes y ha exigido medidas urgentes frente a la crisis de precios e importaciones que ha castigado al sector arrocero.