Con esta iniciativa, que se ha presentado este miércoles en la Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo, Bruselas ofrece a las autoridades locales un escudo legal para tomar medidas que restrinjan la actividad de plataformas de alquiler de corta duración como Airbnb o la compraventa de segundas viviendas en zonas tensionadas.
Giménez Larraz ha considerado una «decepción» la propuesta de la Comisión Europea, cuya forma definitiva aún deben negociar el Consejo (gobiernos) y la Eurocámara, y se ha remitido al informe sobre la crisis de la vivienda en la Unión Europea que aprobó en marzo el Parlamento Europeo (PE) y del que él fue ponente.
Según ha señalado, el texto del PE se centraba en la «necesidad de impulsar la oferta», al tiempo que abogaba por la simplificación, la movilización del suelo o acelerar los permisos. Reducción de impuestos, impulso de la financiación o la puesta en marcha de una plataforma paneuropea de vivienda pública son otras de las propuestas del informe aprobado en marzo por la Eurocámara.
A su juicio, para solucionar esta crisis es necesario un «incremento de la oferta», mientras que «la izquierda está poniendo el foco en repartir la escasez en lugar de definir políticas que permitan generar crecimiento y abundancia en el sector».
Giménez Larraz ha afirmado que la primera parte de la propuesta de la Comisión, referida a las recomendaciones, contiene contenidos «razonables», como la agilización de permisos; pero ha apuntado que la parte legislativa le parece «profundamente decepcionante».
El eurodiputado ha considerado «muy grave» que se establezca una restricción a la compra de segundas residencias. A su juicio, se trata de «un desatino absoluto porque se pone en tela de juicio un principio fundamental de la Unión Europea, como es el mercado único, la libre competencia, y la economía de mercado».
Además, ha añadido que esta medida ha sido testada en otros lugares, como Francia o Suiza, y los informes no han sido positivos, ya que aunque ha habido cierta moderación en los precios en zonas turísticas, se ha destruido el tejido productivo y la actividad económica.
«No creemos que sea la solución porque no es útil, es contraproducente y supone una vulneración del principio fundamental en el que se sustenta el proyecto europeo y es más propio de regímenes socialistas que de un proyecto como el nuestro», ha destacado.