Para Rodríguez, Bruselas reconoce lo que en España se ha llamado zona de mercado tensionado y en el documento del reglamento se aborda como áreas bajo tensión residencial.
Además, la ministra ha puesto de relieve que se incluye otra de las cuestiones que ha estado abordando su Departamento, como es el de los pisos turísticos «que están deteriorando la convivencia en las ciudades y que están impidiendo el acceso a la vivienda de las familias y los jóvenes que la precisan».
«En este sentido, se dice claramente que ha de priorizarse el uso residencial», ha destacado la ministra para hacer una valoración de la nueva Ley de Vivienda Asequible (Affordable Housing Act).
La norma europea también aborda la cuestión de priorizar el uso, bien sea de los suelos o bien sea de las viviendas, con carácter residencial para la primera residencia y, por tanto, la lucha contra la especulación y un uso distinto del de la vida en el ámbito de las viviendas o del suelo.
Rodríguez también ha destacado que en el ámbito de recomendaciones, se producen muchas sinergias con las políticas que está llevando a cabo el Gobierno, como es el apoyo al sector de la construcción y la apuesta por la industrialización de la construcción o la construcción industrializada. .
«Creo que lo que queda claro de esto de estas normas y de esta presentación que hoy ha hecho la Comisión, es que no cabe otra que actuar», ha remarcado la ministra.
Concretamente, la Comisión Europea ha ofrecido este miércoles a las autoridades locales un escudo legal para tomar medidas que restrinjan la actividad de plataformas de alquiler de corta duración como Airbnb o la compraventa de segundas viviendas, pero ha dejado claro que debe haber condiciones para que sean políticas «proporcionadas», adaptadas caso por caso a zonas tensionadas y tras demostrar que están justificadas y estarán limitadas en el tiempo.
La nueva norma –cuya forma definitiva aún deben negociar entre el Consejo (gobiernos) y Eurocámara y se aplicará a las normativas ya adoptadas una vez entre en vigor– no supone un aval a ninguna prohibición ni restricción generalizada, sino que establece una metodología con la que las autoridades locales puedan demostrar con datos que la actividad en cuestión está teniendo un efecto adverso significativo en el mercado inmobiliario local por su escala, frecuencia o actividad comercial.