Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el propio sindicato, Álvarez ha denunciado que la modificación ministerial se ha aprobado sin consultar ni informar previamente a las organizaciones sindicales. «Nosotros nos hemos enterado por pura casualidad, no porque leemos las órdenes ministeriales (…), pero la Seguridad Social no nos ha consultado ni nos ha comentado», ha recriminado.
En este sentido, el líder sindical ha exigido al Departamento que dirige Elma Saiz la retirada «inmediata» de este método de notificación electrónica, al considerar que atenta contra las garantías y derechos de los trabajadores en situación de incapacidad temporal y vulnera la brecha digital existente.
Álvarez ha recordado que la legislación estatal establece canales de citación y notificación garantistas para procedimientos de esta índole y ha criticado que se pretenda sustituir el correo o la notificación postal obligando a la ciudadanía a disponer de herramientas digitales.
«El Ministerio tenía que citar a la gente como marca la legislación en nuestro país, que no es vía SMS, porque no todo el mundo tiene por qué tener teléfono móvil, ni tiene por qué tener correo electrónico, porque no hay nada que obligue a tener correo electrónico a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas», ha argumentado.
Asimismo, ha alertado sobre el riesgo de ciberseguridad e indefensión que acarrea este modelo basado en enlaces web externos, comparándolo con los métodos utilizados en estafas informáticas.
«Te envían un SMS y te hacen clicar para que vayas a un determinado lugar donde está la información. Es lo mismo que ocurre cuando te envían un SMS de una pretendida entidad financiera», ha advertido, enfatizando el peligro de que estas dinámicas puedan ser aprovechadas por ciberdelincuentes.
Por todo ello, el secretario general de UGT ha anunciado que recurrirán a los estamentos y comisiones encargados de preservar y controlar los derechos digitales de la ciudadanía frente a las actuaciones de la Administración Pública.
En el marco de esta misma crítica, el responsable sindical se ha referido al funcionamiento actual de las inspecciones médicas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), alertando de que el colapso del sistema está provocando altas médicas exprés.
«En realidad no hay tribunal médico, hay un señor médico que tiene una carga de trabajo absolutamente inaceptable (…), que muchas veces, con unos papeles que tiene encima de la mesa, en dos minutos le da el alta a la persona en cuestión», ha denunciado Álvarez, señalando que esta situación se ha convertido en una de las principales causas de reclamación en los servicios jurídicos del sindicato.
POSIBLE «REBELDÍA» ANTE LA LEY DE LOBBIES
Por otro lado, Álvarez ha expresado sus recelos ante la ‘Ley de lobbies’ aprobada por el Gobierno y el intento de encuadrar a los sindicatos dentro del registro de grupos de interés.
«No conozco ningún país del mundo que sitúe a las organizaciones sindicales como lobbies, porque los intereses generales no son un lobby», ha remarcado, recordando que la Constitución encomienda expresamente a los sindicatos la defensa del interés general, frente a los lobbies que defienden «intereses particulares».
A la espera de un análisis jurídico definitivo, el secretario general de UGT no ha descartado desobedecer la norma si concluyen que vulnera su papel constitucional: «En nuestro caso lo vamos a estudiar y en función de las conclusiones veremos si aceptamos, no aceptamos, si nos declaramos o no nos declaramos, porque igual nos declaramos en rebeldía», ha sentenciado.
El Real Decreto-ley que regula los lobbies en España, aprobado recientemente por el Gobierno, obliga a las organizaciones sindicales a inscribirse en el llamado ‘Registro de Grupos de Interés’ siempre que realicen actividades destinadas a influir en la elaboración de políticas públicas o proyectos normativos.