Lo ha explicado este miércoles en Barcelona, durante su participación en el ciclo ‘Converses del degà’ del Col·legi d’Economistes de Catalunya, junto con el decano del colegio, Carlos Puig de Travy, en el que ha presentado un modelo «alternativo» a los antiguos peajes.
Ha planteado un STU que varíe en función de los kilómetros recorridos y el tipo de vehículo y la vía, por lo que el precio estaría vinculado con el uso directo que hacen los usuarios de la infraestructura y su impacto medioambiental.
El peaje dejaría fuera, sin embargo, el coste de la construcción de nuevas carreteras o de la transformación de las existentes, que seguiría siendo responsabilidad de las administraciones, por lo que la tarifa final a pagar por el usuario sería «mucho más económica» que los anteriores, ha detallado Alemany.
Ha explicado que este modelo necesita de un «amplio consenso político y social» y estar aprobado por ley, y que debería comenzar en primer lugar por las vías de alta capacidad y poco a poco extenderse a otro tipo de carreteras.
Para gestionar este modelo, Alemany también ha propuesto la creación de una agencia pública de movilidad, conformada por las administraciones autonómicas y la central, que sea la encargada de gestionar el sistema.
TRANSPARENCIA, EQUILIBRIO Y COHERENCIA
Alemany ha destacado que el sistema debe ser transparente, para que el usuario comprenda qué y por qué está pagando; equilibrado, ya que los ingresos generados en el ejercicio deberían permitir cubrir todos los gastos, y «coherente territorialmente».
Ha detallado que su planteamiento «no consiste en volver a poner peajes», sino utilizar la experiencia para construir un nuevo modelo consensuado y estable y en el que el usuario entienda que paga por el uso que hace de la infraestructura.
QUIÉN ASUME EL COSTE
Durante la conversación, Puig de Travy ha explicado que la pregunta no es si las autopistas deben pagarse o no, ya que la construcción, conservación, seguridad y modernización tienen un coste, sino «quién asume este coste».
Ha dicho que «la eliminación de los peajes no ha ido acompañada de un modelo alternativo para gestionar las vías de alta capacidad, y hoy tenemos consecuencias», y ha situado la AP-7 como principal exponente de los retos que tiene el sistema actual de gestión.