Según la entidad, la propuesta europea apunta «en una dirección distinta: establece unas condiciones muy exigentes para que las administraciones puedan justificar medidas de carácter restrictivo sobre los alquileres de corta duración y refuerza los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y decisiones basadas en evidencias».
Apartur advierte de que estos criterios demuestran las carencias del Decreto ley 3/2023 de la Generalitat, la norma en la que se ampara la decisión del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y «evidencian su incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea».
«La propuesta europea marca un camino muy distinto al que se está siguiendo en Barcelona: las decisiones que afectan a una actividad legal deben estar sustentadas en datos, ser proporcionadas, valorar alternativas menos restrictivas y garantizar la seguridad jurídica de quienes se ven afectados», ha afirmado la directora general de Apartur, Marian Muro.
Apartur celebra que el texto «recoja algunas de las principales demandas que el sector trasladó al Parlamento Europeo ante la posible prohibición de los pisos turísticos».