Ha aludido así al anuncio del consejero de Inteligencia Artificial, José Antonio Nieto, de presentar alegaciones contra el proyecto de Real Decreto que establece nuevos requisitos para la implantación y funcionamiento de los centros de datos al considerar que una regulación de esta importancia debe contar con la participación efectiva de las comunidades autónomas y garantizar que España pueda seguir compitiendo por las grandes inversiones vinculadas a la inteligencia artificial y la economía digital.
«Es completamente falso que el Gobierno de España esté castigando a Andalucía o esté regulando al margen de las comunidades autónomas, como afirma el consejero, ya que precisamente este proyecto de Real Decreto se encuentra en fase de audiencia e información pública para recabar aportaciones de todas las partes implicadas, por lo que estas declaraciones solo tienen sentido si esta tramitación le ha pillado de vacaciones al consejero», ha argumenta Fernández en declaraciones remitidas a los medios.
En su explicación, el delegado sostiene que el Gobierno lo que plantea en el proyecto de Real Decreto es que «para autorizar centros de datos mayores de 1 MW de potencia eléctrica» se tenga en cuenta, «más allá de la mera inversión vinculada a la construcción, el valor para el territorio a fin de «garantizar que su ubicación no supone un perjuicio para los municipios y personas que lo habitan, algo que no sólo es razonable, sino exigible en una comunidad como Andalucía, que desde hace año está sufriendo las consecuencias del cambio climático y la sequía».
Además, añade Pedro Fernández, contempla otras «condiciones» que también «protegen» a los territorios, como que los centros de datos tendrán que estar operados por una entidad establecida en la UE, que mantendrá los datos relativos a la operación del centro en territorio comunitario y que adoptará medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo.
En materia de sostenibilidad ambiental, los centros de datos tendrán que cumplir «los más altos estándares europeos, los de la Categoría A, relativos al consumo de agua y de energía». «Deberán consumir un 80% de nueva energía renovable en todas sus horas de funcionamiento –mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo–, de un modo similar a lo exigido por las normas europeas para los combustibles de origen no biológico o el hidrógeno de origen renovable», ha apostillado.
«El Gobierno quiere un desarrollo ordenado y eficiente de los mejores centros de datos y evitar los problemas que un desarrollo desordenado ha producido en otros países, como Irlanda, Países Bajos y EEUU, donde se han aplicado moratorias por el incremento de los precios de la electricidad y surgen tensiones por el abastecimiento de agua. Y lo hace aplicando medidas pioneras que se están debatiendo en el ámbito europeo, desde una posición de liderazgo avanzado», ha concluido.