Así lo ha garantizado este martes el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, durante su intervención en el 40 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de Ametic –la asociación representante del sector digital en España– que se celebra estos días en Santander, dentro de la programación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Según ha indicado, el proceso de digitalización emprendido por el Ministerio en la pasada legislatura ha permitido pasar de una justicia «manual» y «orientada al documento» a una dirigida «al dato», lo que aporta «muchísima información»; con procesos automatizados y en la que se están incorporando técnicas de inteligencia artificial que «proporcionan al juez una decisión jurídica a partir de la documentación que existe en el expediente».
Olmedo ha indicado que la digitalización de la justicia «no es un fin en sí mismo sino una herramienta que facilite una justicia más igualitaria, especialmente para todos aquellos colectivos que tienen mayores dificultades en el acceso a la justicia».
Para llevar a cabo esta incorporación de las nuevas tecnologías a la Justicia ha sido necesaria, por parte del Ministerio, una inversión de unos 150 millones de euros anuales, a los que se han sumado otros 410 en total de fondos europeos Next Generation e inversiones de los gobiernos autonómicos.
Aunque ha reconocido el «esfuerzo inversor» que está suponiendo el proceso, ha destacado que, «prácticamente con el mismo dinero» o con poco más de lo que se destinaba con anterioridad, se están obteniendo «soluciones mucho más adecuadas», permitiendo invertir «con conocimiento de causa».
JUSTICIA, UN SERVICIO CON UNA RESISTENCIA «MAYÚSCULA» AL CAMBIO.
Y todo ello en un servicio como el de justicia, en el que la resistencia al cambio es «mayúscula», algo que, según ha explicado, «tiene su razón de ser» en la necesidad de proteger los derechos fundamentales de quienes están inmersos en procesos judiciales.
En este sentido, Olmedo ha indicado que en el ámbito de la justicia la transformación digital no puede aplicarse de la misma manera que en otros sectores ya que exige llevar a cabo en paralelo y de forma simultánea una transformación organizativa y normativa que dé seguridad jurídica a todos los actores.
Según ha reivindicado, la introducción de las nuevas tecnologías en la justicia es un «ejemplo» a nivel internacional y está haciendo que España, sea de las grandes economías de la UE, al frente de los ránkings europeos en digitalización en este ámbito.
Así, ha destacado que en España la inversión por habitante en justicia se encuentra por encima de la media europea.
Por otra parte, Olmedo ha destacado la contribución de las empresas privadas del sector y de Ametic en este proceso de digitalización de la Justicia ya que ha servido para definir las necesidades y «adelantar soluciones» que se necesitan a corto, medio y largo plazo.