Según ha indicado la Junta en una nota, esta declaración se aprueba como paso previo para poner en marcha diferentes actuaciones y medidas urgentes que ayuden a la supervivencia socioeconómica y la viabilidad a largo plazo de las comarcas afectadas de las provincias de Huelva y Sevilla.
De esta forma, se insta a las dos consejerías a adoptar medidas de flexibilización en la gestión las ayudas que resulten de aplicación a los titulares de las respectivas explotaciones afectadas por el incendio. Este reconocimiento institucional resulta «crucial» para activar de inmediato la flexibilización en la concesión y justificación de las ayudas, como las del Feaga y Feader, «impidiendo que los titulares afectados pierdan fondos esenciales o sean penalizados por incumplir requisitos técnicos debido a una causa de fuerza mayor».
En la provincia de Huelva se han visto afectados los municipios de Berrocal, El Campillo, Niebla, Escacena del Campo, La Palma del Condado, Paterna del Campo, Valverde del Camino, Villalba del Alcor, Villarrasa y Zalamea la Real; mientras que en la provincia de Sevilla ha sido afectado Aznalcóllar.
Señala la Administración andaluza que este incendio ha constituido una emergencia «de extraordinaria magnitud y complejidad», tanto por la extensión alcanzada como por las condiciones extremas en las que se desarrollaron las labores de extinción. El fuego llegó a afectar a los términos municipales anteriormente referidos, con un perímetro de aproximadamente 210 kilómetros, y con una medición definitiva, realizada mediante el programa europeo Copernicus, que sitúa la superficie quemada en torno a 33.000 hectáreas.
El incendio ha arrasado extensas superficies de masa forestal que combinaban pinares y áreas críticas de dehesa y monte mediterráneo «de alto valor ecológico». Se constata también la destrucción del potencial maderero y, de forma «muy severa», una pérdida «drástica» en la producción de corcho y de bellota de los montes públicos y privados de la zona –especialmente en Berrocal–; así como eucaliptales en explotación –tanto activos como abandonados–.
Además, la desaparición del estrato vegetal deja los suelos expuestos a una erosión «inminente» ante futuras lluvias otoñales, haciendo «indispensables» obras hidrotecnias de emergencia para proteger las cuencas fluviales. Por otro lado, la fauna local ha sufrido una fragmentación de hábitats «sin precedentes».
Los acotados de caza mayor y menor de los términos municipales afectados registran una pérdida «absoluta» de refugio, encames y alimento, «provocando una alta mortalidad directa y el desplazamiento forzoso de poblaciones». En concreto se han visto afectados 34 cotos; 27 en la provincia de Huelva y siete en la de Sevilla.
AFECTACIÓN EN LA GANADERÍA EXTENSIVA
En el ámbito agrario, ha quedado afectada principalmente la ganadería extensiva. Esto ha provocado un daño agrario directo, ya que ha eliminado o reducido la cubierta herbácea y arbustiva de la que se alimenta el ganado y ha «comprometido» la campaña de montanera del cerdo ibérico y la disponibilidad de sombra para los animales.
También ha provocado gastos de evacuación y alimentación extraordinaria en animales y colmenas. Se tiene constancia de que se han visto afectadas 38 explotaciones de bovino y equino, seguidas de pequeños rumiantes y porcino. Asimismo, el sector apícola local afronta un escenario «muy desfavorable» debido a la calcinación directa de asentamientos de colmenas y la desaparición casi absoluta del soporte floral melífero y arbustivo.
La Junta destaca que la afectación es «de tal magnitud» que «se deben buscar soluciones viables para la recolocación de las colmenas en aquellas islas verdes o superficies que no se hayan visto afectadas, siempre que sea posible». De igual modo, la red viaria de comunicación ha sufrido daños estructurales y pasos de agua, cunetas y firmes de tierra se encuentran dañados y parcialmente intransitables.
También se han producido daños por la ejecución de cortafuegos, corte o retirada de alambradas, además de daños a instalaciones y cerramientos ganaderos. Por último, la pérdida del potencial productivo forestal-agrario y la destrucción de servicios ecosistémicos esenciales –regulación del ciclo hídrico y fijación de carbono– exigen también una intervención pública «inmediata».