De esta forma, desde la organización han reclamado abordar «conjuntamente» ambos problemas, habitualmente analizados por separado, recordando que para un autónomo con establecimiento físico el coste del arrendamiento no termina en la puerta de su casa, sino que cada mes debe asumir también el coste del espacio en el que trabaja.
«Puedes vender más, trabajar más horas o intentar ajustar gastos, pero hay costes fijos que han alcanzado un nivel que un pequeño negocio sencillamente no puede compensar», ha expuesto la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.
Esta situación afecta especialmente al comercio, la hostelería, las peluquerías, los talleres y numerosos servicios de proximidad, según ha indicado la organización, al tratarse de actividades que necesitan un espacio físico y no pueden trasladar su actividad a una vivienda o desarrollarla exclusivamente por internet.
Asimismo, Uatae ha advertido de que el precio de los locales está modificando, además, el tejido comercial de numerosos barrios, derivando en la progresiva sustitución de pequeños comercios por operadores con mayor capacidad financiera, establecimientos vinculados a grandes cadenas o locales que permanecen cerrados mientras esperan arrendatarios capaces de asumir rentas más elevadas.
«Cuando desaparece una librería, una ferretería, una frutería o un bar de toda la vida porque no puede pagar el alquiler, no estamos hablando únicamente del cierre de un comercio», ha sostenido Landaburu, quien ha remarcado que «estamos cambiando también el barrio y recuperar ese tejido después es extraordinariamente difícil».
PROPUESTAS DE PROTECCIÓN
Por ello, la organización considera «especialmente preocupante» el efecto que esta situación tiene sobre quienes quieren iniciar una actividad, ya que a la inversión inicial se suman fianzas, garantías, reformas y alquileres que pueden convertir el acceso a un local en la primera gran barrera antes incluso de levantar la persiana, por lo que han pedido «abrir el debate» sobre este mercado y estudiar medidas específicas.
Entre ellas, políticas que incentiven la salida al mercado de locales vacíos a precios razonables, mecanismos públicos o municipales de intermediación, ayudas vinculadas al mantenimiento de actividades consideradas esenciales para los barrios y una mayor utilización del parque de locales de titularidad pública.
Por último, desde Uatae han pedido que las políticas de vivienda tengan en cuenta la realidad de los trabajadores autónomos, cuyos ingresos pueden variar considerablemente de un mes a otro y que encuentran dificultades añadidas para acreditar solvencia pese a disponer de actividades económicamente viables.
«Estamos hablando mucho de quién puede permitirse vivir en nuestras ciudades, pero tenemos que empezar a preguntarnos también quién puede permitirse trabajar en ellas», ha concluido Landaburu.