SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 (EUROPA PRESS)
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha solicitado este jueves al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Turismo «frenar la confrontación» y retirar la ley de alquiler vacacional para «consensuar» un nuevo texto con el sector de esta modalidad alojativa.
«No desviemos la mirada, Canarias tiene ahora un problema grave de crispación generalizado con respecto al turismo que nos puede salir muy caro. El 20A una multitud se echó a la calle para mostrar su hartazgo y la solución no está precisamente en lanzar aún más debates polarizados que enfrentan a la sociedad y a turistas», señala en un comunicado.
Ha lamentado que Canarias se empieza a ver como un «destino anti-turismo» pues en muchas ocasiones se «increpa» a turistas, se ve en las calles «pintadas de ‘tourist go home'» o hay cancelaciones de viajeros «con miedo u ofendidos por poder ser increpados por venir de vacaciones».
En esa línea advierte de que el 20 de octubre volverá a haber manifestaciones y ante esa situación, el Gobierno de Canarias no ha tomado «ninguna» medida. «Una vez más se mira hacia otro lado como si se tratara de una gripe que se cura sola», señala.
La asociación censura que se culpe a la vivienda vacacional «de la gentrificación, turistificación y turismofobia», más aún tras el «efecto llamada» provocado con el anuncio de la nueva ley, y no entiende como no se remarca la «falta de previsión y falta de construcción» de vivienda protegida o social.
En ese sentido lamenta que a los residentes en las islas se les conmine a vivir en «guetos para trabajadores» en las periferias de las zonas turísticas.
Así, solicita la apertura de una mesa de debate para llegar a «acuerdos» sobre el modelo de turismo que se desea para Canarias.
«La solución a esta encrucijada turística que estamos viviendo requiere un debate profundo y dar soluciones a corto y medio plazo y no en formular Leyes contrarias a las familias canarias por vías de urgencia», apunta.
Ascav reivindica que el alquiler vacacional genera un impacto económico directo anual de 2.700 millones y genera 40.000 empleos y alerta de que se trata de «dar respuesta a un lobby hotelero que más temprano que tarde se hará con este nicho de mercado».
«No existe mayor sostenibilidad turística que aquella que genera bienestar social y economía transversal a los canarios, al tiempo que protege nuestra historia y nuestro patrimonio», concluye el comunicado rubricado por la presidenta, Doris Borrego.