La Asociación Canaria de Empresarios de Gestión Inmobiliaria (ACEGI) ha reclamado este jueves que el anteproyecto de ley para regular el alquiler vacacional en Canarias debe ser más «flexible» con el fin de garantizar la diversificación y ‘democratización’ del turismo en el archipiélago.
Así, ACEGI insta a un «enfoque equilibrado» que aborde tanto la regulación de la vivienda vacacional como la promoción de vivienda pública y privada en «cantidad suficiente» para lograr una «solución integral» a la crisis habitacional en Canarias.
El presidente, Rafael Tarajano, deja claro que esta medida, «por sí sola, no resolverá los problemas de fondo que enfrenta la región donde las diferentes administraciones han fracasado en generar vivienda pública en las últimas décadas».
No obstante, la asociación ve algunos aspectos positivos como la posibilidad de que cada municipio regule la implantación de la vivienda vacacional según sus particularidades así como la limitación cuantitativa en relación con la edificabilidad total de cada zona o municipio.
Desde ACEGI celebran también que se haya atendido una larga reclamación de la asociación respecto a la consolidación del uso residencial en complejos turísticos, resaltando su presidente que «este es un punto clave» ya que se estaban produciendo «importantes injusticias, además de reducir aún más la disponibilidad de viviendas en zonas catalogadas como turísticas, que en muchos casos, dejaron de explotarse turísticamente hace mucho tiempo».
Sin embargo, también expresa reservas «significativas» sobre ciertos aspectos del anteproyecto.
Para Tarajano, «es casi imposible obtener calificaciones energéticas de B y C para pisos integrados dentro de una comunidad, teniendo en cuenta las exigencias del propio mercado, esta medida solo se puede entender como una excusa para limitar excesivamente el número de viviendas vacacionales por parte de este gobierno, más que por salvar el planeta».
Asimismo indica que la necesidad de obtener permiso expreso de la comunidad de vecinos «va en contra» de la Ley de Propiedad Horizontal, que ya contempla mecanismos para regular esta cuestión.
La asociación ya transmitió, en reuniones previas con Miguel Angel Rodríguez, director general de Ordenación Turística, la necesidad de buscar fórmulas distintas al principio de unidad de explotación, que «desfavorece» a los propietarios en la negociación con los explotadores, «fomentando prácticas monopolísticas y situaciones de abuso».