En el 2012, el Tribunal Supremo condenó a Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) a once años de inhabilitación por la intercepción de las comunicaciones entre los máximos responsables de la trama Gürtel. Desde entonces, ha ejercido como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de la Haya y de la Misión de
Apoyo al proceso de Paz de la OEA en Colombia, y es el director de la defensa jurídica del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Además de todo ello, dirige
el despacho de abogados ILOCAD y preside la Fundación Internacional FIBGAR.
Su nombre ha estado ligado a la mayoría de los casos mediáticos importantes y más peligrosos en España en los últimos 25 años. ¿Cuántas veces le han dicho que su vida estaba en peligro? ¿Ha temido en algún momento por ella?
Bastantes y desde distintos ámbitos, pero es algo que yo tenía asumido desde el primer momento en el que aterricé voluntariamente en la Audiencia Nacional, en 1988. Siempre he dicho que nadie me obligó a ir y que, por lo tanto, asumía el riesgo. En la vida hay dos formas de afrontar los problemas, y en concreto como juez central número 5: o te inhibes y esperas a que lleguen o buscas la confrontación del crimen. Ese fue históricamente mi aporte. Cuando yo llegué había una actividad un tanto pasiva, en el sentido de que se esperaba a que los hechos fueran denunciados y remitidos por otros juzgados, cuando era evidente que eran competencia de la Audiencia Nacional. Desde mi punto de vista, en el caso de un atentado terrorista no había que esperar a que el juez de Bilbao lo remitiera, sino que había que actuar inmediatamente, porque de ello dependía que quien iba a dirigir la investigación, que era el juez central, no pasara tres meses esperando la información.
A las pocas semanas de llegar le correspondió iniciar el caso GAL, que le supuso recibir amenazas, intentos de desprestigiarle… ¿Cómo podía instruirlo, ante el nulo apoyo del Ministerio del Interior?
Aislándome de todo el contexto de presión que había fuera, estableciendo exactamente cuál era la línea si alguien pretendía influir, teniendo las antenas perfectamente activadas para ver cuál era el juego sucio que se podía desplegar, y además, la convicción de que tenías que defender el Estado de Derecho. Contra el terrorismo no se podía luchar o combatir con malas artes, con delitos, con más terrorismo… porque ese proceso deslegitimaba cualquier acción del Estado. A mí me correspondió ese caso cuando ya incluso mi predecesor lo había archivado, y fue la Audiencia quien lo reabrió, cayéndome a mí la patata caliente. Las investigaciones siempre las llevé de abajo a arriba, y cuando llegó un momento en el que aparecieron personas aforadas, lo que manda la ley es remitir el caso al Tribunal Superior, que es quien tomó sus decisiones y estableció cuáles eran los indicios y hasta dónde llegaban; en este caso, en el diputado y exministro de Interior José Barrionuevo.
Desde octubre se está celebrando el juicio del caso Gürtell. Usted empezó a instruirlo en 2009, pero Pablo Crespo y otros imputados lograron apartarlo con una querella por escuchas ilegales en la prisión. ¿Sintió frustración por no haber podido finalizar lo que empezó?
Sentí frustración por el hecho de que se admitiera a trámite una querella por un delito inexistente. Mi acción pudo ser acertada o desacertada, aunque yo pienso que era proporcionada y la que exigía en ese momento la investigación, porque había indicios que la sustentaban, y se tomaron todos los medios para prevenir el derecho de defensa. Era algo que ni estaba legislado ni definido como delito, y el delito se crea en la sentencia contra mí. Es decir, antes de esa sentencia no existe ningún precedente en el que se diga que interceptar las comunicaciones entre los presos y las personas que intervienen con ellos, cuando hay indicios de que la actividad delictiva continúa, sea delito. Hubo otros casos, como el de Marta del Castillo, en el que el juez hizo lo mismo y, sin embargo, nunca se procedió contra él.
¿Por qué se procedió contra mí? Discrepo absolutamente de la sentencia del Tribunal Supremo, aunque respeto el sistema y por eso participé y traté de ayudar al esclarecimiento de la verdad. La celebración ahora del juicio me reconforta de todas las dificultades que he sufrido en estos años. He leído las declaraciones de Francisco Correa, y si yo representará a los abogados del PP habría aconsejado que Aznar y Rajoy fueran voluntariamente a declarar.
¿Echa en falta no ponerse la toga de juez?
Sí, sobre todo porque tengo la convicción de no haber cometido ningún acto delictivo. No es cómoda la situación de sentirse inhabilitado hasta mayo del 2021. Yo quise ser juez desde los 17 años; estudié derecho para poder ser juez y discriminé absolutamente cualquier otra alternativa que no fuera la de examinarme para juez , por tanto, no puedo decir que no me apetezca volver y que me molestara profundamente la privación del ejercicio de la jurisdicción. Pero la vida sigue, las cosas vienen como vienen, y como he dicho antes, tienes dos formas de afrontarlas: o te quedas sentado lamiéndote las heridas, o te levantas, empujas y luchas por la justicia desde otros ámbitos, que es lo que estoy haciendo ahora desde la abogacía, desde el compromiso del activismo de los derechos humanos, la Corte Penal Internacional, la misión de apoyo al proceso de paz de Colombia… En fin, sigo trabajando en lo mismo allá donde puedo.
Es el director de la defensa jurídica del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado desde junio del 2012 en la embajada de Ecuador en Londres. ¿Cómo está el caso en estos momentos?
La situación es muy delicada, ya que Julian Assange sigue deseoso de colaborar con la justicia sueca en la imputación (en la que todavía no tiene formulados cargos) por el delito de agresión sexual del que se cree totalmente inocente, y que es un medio para conseguir su extradición a EE UU por las publicaciones de WikiLeaks sobre la guerra de Irak, corrupción, etc. Hoy en día es una situación muy comprometida y tensa, porque WikiLeaks ha publicado datos sobre la campaña electoral de EE UU, pero Julian Assange tiene muy claro que ésa es su misión, y ahí jurídicamente poco se podrá hacer. No sé si habrá juicio en Suecia, o probablemente se caiga la imputación, pero sería muy grave que hubiera una extradición a EE UU, porque allí sería por claros motivos ideológicos, de ataque a la libertad de expresión y de obtención de información.
En las elecciones de 1994 se presentó como número dos del PSOE por Madrid y fue elegido diputado, pero al cabo de unos meses abandonó su escaño por la falta de compromiso de Felipe González contra la corrupción. ¿Ha recibido propuestas para entrar de nuevo en política?
Me sumé como independiente a las listas del PSOE en 1993. Nunca he militado en ningún partido ni creo que lo haga, aunque sí soy un hombre progresista y de izquierdas. En ese momento lo hice con la convicción de que podía coadyuvar a mejorar la situación y sobre todo la lucha contra la corrupción. Cuando fui consciente de que no podía ser así, presenté mi dimisión a Felipe González con una carta muy dura. A partir de ahí, mi vida ya no ha tenido nada que ver con ese ámbito, pero tengo que decir que con frecuencia recibo propuestas. Pero ya no es mi rol.
Ha manifestado que el PP persigue a los jueces. Sin embargo, otros magistrados, como Fernando Grande-Marlaska, opinan que el poder judicial es independiente. ¿Qué le parece?
Opino que los jueces son independientes, en el sentido de que en España existen todos los mecanismos necesarios para serlo. Por ello, un juez no puede decir que se ve afectado en su independencia y consentirlo, porque entonces, además de estar delinquiendo, mentiría. Es decir, si quieres ser independiente, lo eres, y si sufres presiones, tienes mecanismos para resistirte a ellas. Si cedes a las mismas es porque te corrompes, y a veces, lo que sí ocurre, como en muchas otras profesiones, es que ni siquiera hace falta que te ayuden a corromperte, ya que eres tú el que te ofreces a ello. Los hay así, claro que sí, y cuando se detectan hay que combatirlo, porque es un virus que degenera al hecho en sí. Yo, bajo ningún concepto he aceptado jamás ningún tipo de injerencias en mis decisiones.
Xavi Torres-Bacchetta
El exministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, dijo de usted que era un buen comisario pero no un buen juez. ¿Le molestó?
No, lo que pasa es que lo dijo cuando él ya tenía olvidado lo que era ser juez de instrucción, ya que hacía mucho tiempo que lo había dejado, e incluso cuando lo fue, nunca se enfrentó a hechos tan complejos de criminalidad organizada.
¿Cómo interpreta que a pesar de los numerosos casos de corrupción que salpican al PP, los españoles le sigan votando como la primera fuerza política?
Para mí es incomprensible que sin haber evolucionado la cúpula del PP se siga manteniendo ese índice al alza de votaciones. La única explicación que puedo encontrar no es que los ciudadanos quieran votar la corrupción (aunque voten a quienes no asumen la responsabilidad de la corrupción) sino que no hay un contrapeso suficiente que les atraiga. Lo estamos viendo estas semanas con el caso Gürtel, y se va a seguir manteniendo durante los próximos cuatro años teóricos en los que el PP va a seguir gobernando después de la abstención del PSOE, en los que vamos a tener todos los meses juicios por corrupción (Gürtel, Púnica, Taula….). Va a ser una convivencia entre un Gobierno y diferentes casos de corrupción que afectan a personas de ese partido. Y esto es muy duro de sobrellevar y, además, corrosivo para una democracia.
De todos los casos que ha llevado, ¿de cuál guarda peor recuerdo por su complicación y consecuencias?
Sin duda, el del GAL, lo pasé muy mal, sobre todo en la segunda parte, con el caso Segundo Marey, y el de Oñederra. A partir de finales de 1994 y principios de 1995 tocaron las investigaciones respecto de personas de relevancia política y policial, que además estaban en la cúpula del Ministerio del Interior de ese momento. Fue entonces cuando tanto mi familia como yo sufrimos muchas presiones y situaciones difíciles de acoso, incluso dentro de nuestro propio domicilio, en el que entraron dos veces, interceptación de las comunicaciones telefónicas, seguimientos, coacciones… Estas amenazas influían no sólo en mí, sino en mi propia familia, porque era muy duro preparar unas vacaciones y que quince días antes te dijeran: “No puede ir porque van a colocar explosivos debajo de la casa”.