Hace ahora un año, el 29 de enero de 2025, dos aeronaves colisionaron en pleno vuelo sobre las aguas heladas del río Potomac, a apenas cinco kilómetros de la Casa Blanca: un Bombardier CRJ700 de American Eagle, procedente de Wichita, y un helicóptero militar UH-60 Black Hawk del Ejército de Estados Unidos. Murieron 67 personas: las 64 del avión comercial y tres en el helicóptero.
Fue el accidente aéreo más mortífero en suelo estadounidense desde el 11-S. Y, sin embargo, un año después, su verdadera lección corre el riesgo de diluirse entre titulares estridentes y debates superficiales. Resulta llamativo el espacio que ocupan los desastres y las exigencias de responsabilidades en el primer momento. Frente a ello, contrasta el escaso interés que suelen despertar las conclusiones técnicas de informes que, tras investigaciones exhaustivas, explican con claridad qué falló y por qué.
Ese tramo del Potomac, junto al aeropuerto, es uno de los espacios aéreos más complejos y vigilados del planeta. Allí conviven un tráfico comercial intenso, continuas operaciones militares y vuelos de helicópteros ejecutivos, todo ello en un entorno condicionado por la proximidad a la Casa Blanca, el Capitolio y el Pentágono. El Reagan no es solo un aeropuerto de vuelos nacionales: es un punto donde la aviación y el poder se cruzan a diario.
Aquella noche de enero, una cadena de fallos operativos y regulatorios —algunos gestados años antes— convirtió lo que se descartó como “too political” en algo irreversiblemente “too dangerous”.
El informe que nunca debió ignorarse
En mayo de 2023, los controladores aéreos del Potomac Consolidated TRACON solicitaron formalmente reducir las llegadas por hora a la pista principal del aeropuerto. El motivo era claro: la congestión extrema hacía cada vez más difícil mantener separaciones seguras de aeronaves, especialmente con tráfico militar coincidente y en condiciones de visibilidad reducida.
La petición nunca llegó a instancias superiores. Según un informe interno posteriormente desclasificado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), se consideró un asunto “too political”. Muchos congresistas usan esos vuelos para desplazarse a sus distritos, y reducir la capacidad operativa del aeropuerto significaba enfrentarse a presiones inmediatas. No es casual que la Ley de Reautorización de la Administración Federal de Aviación (FAA) de 2024 añadiera aún más slots en ese mismo aeropuerto.
La solución fue seguir “gestionando” el riesgo mediante mitigaciones temporales, ajustes manuales y una presión constante sobre los controladores aéreos. En cuanto a cambios estructurales, ninguno. No fue un caso aislado: desde 2022, advertencias similares habían sido sistemáticamente ignoradas. El sistema funcionaba, sí, aunque al límite.
Lo que falló aquella noche
Un año después, la investigación de la NTSB (expediente DCA25MA108) ha revelado una concatenación de factores que, juntos, resultaron fatales:
– El helicóptero militar volaba 78 pies (unos 24 metros) por encima de la altitud autorizada.
– La ruta de helicópteros pasaba a apenas 75-100 pies de la trayectoria de aproximación de la pista 33.
– Fallos en los altímetros, desactivación temporal del ADS-B (un sistema clave de vigilancia aérea) y una separación visual nocturna insuficiente.
– Controladores aéreos sometidos a una presión constante para “hacerlo funcionar” sin recursos adicionales.
En marzo de 2025, la NTSB emitió recomendaciones urgentes: cerrar determinadas rutas de helicópteros, rediseñar corredores y reforzar la separación entre tráfico civil y militar. Tras el accidente, la FAA actuó con rapidez. Anuló rutas, eliminó separaciones visuales peligrosas y actualizó procedimientos entre octubre de 2025 y enero de 2026, culminando con restricciones permanentes formalizadas el 23 de enero de 2026.
Aunque, como señalaba un análisis posterior, tantas cosas salieron mal aquella noche que el accidente era casi inevitable.
Cuando la política pesa más que la seguridad
El aeropuerto que desde 1998 lleva el nombre del 40.º presidente de Estados Unidos no es un lugar convencional. Está sometido a reglas de densidad, restricciones de ruido y unas limitaciones físicas evidentes. Aun así, las decisiones sobre su capacidad han estado históricamente marcadas por intereses políticos y económicos.
Los congresistas, independientemente de su partido, presionan por más vuelos. A las aerolíneas les conviene mantener rutas altamente rentables. Reducir slots implica billetes más caros y una menor conectividad. Y cuando seguridad y conveniencia chocan, la historia demuestra que la primera no siempre gana.
La FAA ha reconocido errores sistémicos en el contexto de la investigación. El pasado 27 de enero de 2026, la NTSB aprobó en su reunión final 74 hallazgos, la causa probable del accidente (fallos en el diseño del espacio aéreo, la supervisión de la seguridad y la gestión de riesgos por parte de la FAA y del Ejército de Estados Unidos) y 50 recomendaciones definitivas. El informe final, de más de 500 páginas, se publicará en las próximas semanas.
Las lecciones van mucho más allá de Washington. Los aeropuertos muy congestionados de otras partes del mundo harían bien en mirarse en ese espejo, donde la presión por maximizar la capacidad diaria puede derivar en riesgos similares si no se prioriza la seguridad.
El Potomac no solo se llevó 67 vidas: expuso cómo las presiones políticas pueden erosionar la independencia técnica de los reguladores. La seguridad aérea necesita algo más que buenos procedimientos. Necesita estar blindada frente a la conveniencia política, con más recursos para los controladores aéreos, procesos transparentes y una prioridad absoluta de la seguridad sobre los intereses coyunturales.
