España arde en este agosto de 2025. Decenas de incendios devastadores han consumido miles de hectáreas en Andalucía, Extremadura, Castilla y León (atención al Lexit de las provincias de León, Zamora y Salamanca frente al resto de las castellanas) y Galicia. Al caso: observo con admiración y preocupación a los pilotos forestales, civiles y militares, que combaten estas llamas en condiciones extremas, aunque el sistema los está llevando aun más al límite. Sin un cambio radical ahora, el olvido otoñal, cuando ya no haya calor y todo quede atrás, nos condenará a repetir –y agravar– esta crisis en la temporada 2026. Este 2025 debe marcar un antes y un después, o el desastre será inevitable.
Un verano de emergencia extrema
La campaña de incendios de 2025 ha arrasado más de 400.000 hectáreas, según el European Forest Fire Information System (EFFIS). Esto ha venido impulsado por olas de calor de hasta 45°C y vientos siroccos. Por ejemplo, el incendio de nivel 2 en Vilardevós, Ourense, el 2 de agosto –cercano a poblaciones–, subraya la gravedad de lo que pasa. Más de 300 pilotos han realizado 1.200 misiones aéreas con aviones CL-415, Air Tractor, Thrush y diferentes modelos de helicóptero. Muchos lo han vivido enfrentando turnos de 14-16 horas diarias. La excepcionalidad de algunas joirnadas especualmente virulentas ha superado los límites legales (Reglamento UE 965/2012) y ha elevado los incidentes menores en un 30%, según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
La saturación, con pilotos al borde de las 80 horas en 28 días, ha amenazado con dejar inactivas hasta 180 aeronaves. Esto, junto a una flota a veces no todo lo moderna que sería deseable, agravan el problema. El EFFIS prevé un 15% más de incendios en 2026 si no se actúa globalmente y esto afecta logicamente a la extinción aérea.
Civiles vs. Militares: desigualdad en el riesgo compartido
Los pilotos civiles de las diferentes operadoras contratadas por la admninistración y los militares del Ala 43 del Ejército del Aire comparten el objetivo de la extinción, aunque operan bajo condiciones dispares. Los militares tienen contratos indefinidos, salarios base de 2.500-3.500 euros mensuales y apoyo logístico, aunque su rigidez jerárquica limita la flexibilidad en emergencias. Los civiles asumen su trabajo con contratos temporales de 3 a 6 meses, salarios más bajos (un 20-30% inferiores a los de Alemania o Italia, según el Sindicato SEPLA) y operaciones monotripuladas que elevan riesgos. La formación, con un costo de 70.000-102.000 euros para la licencia ATPL de helicóptero sin ayudas públicas, genera escasez de pilotos y fuga de talento a otros países. Por otro lado, los convenios obsoletos en algunas empresas nacionales claman al cielo (a ese en el que trabajan) y eses condiciones han reducido su poder adquisitivo en un 25% en los últimos años.
Sobre el terreno, la distinción entre civiles y militares se desvanece: de una descarga de agua no se pregunta si quién la lanzó era una tripulación civil o militar. Sin embargo, el sistema falla al no equiparar condiciones, comprometiendo la eficacia colectiva. Organizaciones como el Colegio de Pilotos (COPAC) y el SEPLA han alertado sobre la precariedad y la ampliación de horas de vuelo (de 80 a 120 en 28 días), que incrementa riesgos operacionales y fatiga, exigiendo una planificación más robusta y condiciones dignas.
Un servicio público, no solo un negocio
La extinción no debería priorizarse como un negocio, aunque los operadores privados cumplen el rol que les piden las administraciones. Sus contratos de muchos millones de euros anuales deben enfocarse en seguridad y estabilidad, no solo en costos y beneficios. Hay ejemplos inspiradores como el de Canadá, con el Canadian Interagency Forest Fire Centre, que invierte unos 800 millones de euros al año en un modelo público que implica contratos indefinidos, límites de 10 horas diarias y flota moderna. Esto está reduciendo las misiones de riesgo en un 30%. Otro caso de inspiración para España está en las antípodas: Australia y su National Aerial Firefighting Centre. Aunque esta institución tiene margen de mejora, unifica las operaciones y ya ha logrado en las ultimas temporadas un 25% menos de fatiga en los profesionales del pilotaje. Nuestro pais debe seguir este camino, unificando estándares para civiles y militares.
No más olvido, 2025 es la frontera
Los pilotos forestales son clave contra un cambio climático implacable, aunque el sistema vigente los agota y divide. Mi admiración por ellos me lleva a pedir (me atrevo a decir ‘exigir’ debido a la gravedad del momento) equidad: no más precariedad, no más improvisación. Este terrorífico agosto de 2025 es una advertencia; el otoño no puede borrar la situación como en años anteriores. Con el humo aún en el aire, España debe transformar la extinción en un servicio público unificado, inspirado en países como Canadá o Australia. Si no actuamos, 2026 traerá un desastre mayor. Este 2025 debe ser el punto de inflexión.
