El año que viene Telefónica cumplirá su primer centenario. Su sede histórica en la Gran Vía madrileña fue el primer rascacielos de Europa y durante la Guerra Civil punto de referencia del cañoneo rebelde sobre la capital. Telefónica es una de las empresas más enraizadas en la historia reciente de España y protagonista del primer “capitalismo popular” con las “Matildes” la primera venta de acciones de la operadora. Hoy cuenta con un millón de accionistas. Casi todas las telecos europeas, Telefónica incluida, se enfrentan a un futuro complicado con una regulación continental restrictiva que enclaustra su desarrollo como si estuvieran atrapadas en “La Cabina” de Antonio Mercero.
En Europa hay casi 400 compañías de servicios de telecomunicaciones frente a la veintena estadounidense o la concentración en China. Lo pequeño no siempre es bello cuando se habla de empresas internacionales y menos cuando se está en uno de los sectores más dinámicos del momento, líder de la cuarta revolución tecnológica y con una alta competencia.
Los saudíes de STC fueron conscientes de dos cuestiones clave: el precio barato de las acciones de Telefónica y de la relajación que introdujo el Gobierno en la Ley Anti Opas antes del verano. El fondo soberano saudí aprovechó la ocasión y se coló por la gatera, compró directamente casi el 5% del capital de Telefónica y apalabró otro 5% para más adelante. El Gobierno, tras marear la perdiz y buscar inversores privados españoles que le acompañaran en el asalto en el capital de la operadora, se encontró una vez más solo y eligió la vía directa, comprar el 10% del capital por algo más de 2.000 millones de euros.
El Estado regresa así al capital de la operadora 26 años después de abandonar lo que había sido uno de los grandes monopolios españoles y europeos. Ahora vuelve a un mercado totalmente liberalizado, con fuerte competencia, con numerosos actores, alguno de ellos con problemas, como Vodafone, y donde una compañía del este de Europa, la rumana Digi, protagoniza los mayores crecimientos en España. Economía aduce la seguridad y la Defensa como razones para este regreso a Telefónica. Además, afirma que logra estabilizar su núcleo accionarial junto con la Caixa y BBVA.
Sumar y Podemos quieren aprovechar la ocasión para incrementar la presencia pública en las grandes empresas del país. Consideran que Telefónica es una primera meta volante pero que debe haber más mientras salivan por controlar el sector energético. La oposición, el PP, y la patronal califican la operación de intervencionista y temen un desembarco y control gubernamental en el ámbito privado. Creen que el Ejecutivo tenía herramientas legales más eficaces y baratas para frenar el avance saudí en Telefónica, cuenta con el BOE.
El Estado es uno de los grandes inversores en la bolsa española. Con la entrada en Telefónica el Gobierno, a través de la SEPI y Enaire, suma casi 25.000 millones de euros en diversos paquetes accionariales en Caixabank, IAG, Redeia, Enagás, Ebro Foods, Aena, Indra o Airbus. Un grupo empresarial semi público al que hay que añadir las empresas fuera del mercado de renta variable, como son Navantia, Correos, Paradores Nacionales o Tragsa. No es el antiguo INI, pero los intereses empresariales del Estado son claramente crecientes.