La OCDE nació para supervisar la ayuda estadounidense a una Europa devastada por la Guerra Mundial. Su inicial razón de ser radicaba en administrar los fondos del Plan Marshall y hoy ha derivado en “administrar” el Impuesto de Sociedades de medio mundo. El año que viene la OCDE pretende que entre en vigor el nuevo tributo de Sociedades con dos puntos a destacar. En primer lugar, la instalación de un suelo en el tipo fiscal del 15% en este impuesto en la mayor parte del planeta. El segundo aspecto afecta a las grandes multinacionales que deberán abonar sus impuestos en los países donde hacen negocio, donde venden sus bienes o servicios para evitar la deslocalización fiscal.
Cuando tuvo lugar el primer pacto fiscal, en el verano de 2021, tras un tira y afloja con la UE, EEUU y el G-20, la OCDE estimó una recaudación global de 150.000 millones de dólares en el Impuesto de Sociedades al establecer la tasa mínima del 15%. Ahora, tras el aumento de beneficios ha recalculado la cifra y cree que superará los 200.000 millones de dólares. Más de 130 países se sumaron a este acuerdo y alcanzará a todas las empresas que facturen anualmente más de 750 millones. Es decir, que cualquiera de estas compañías, sea cual sea la suma de deducciones o reducciones fiscales en cada territorio, debe abonar una tasa mínima del 15% en el IS.
La OCDE también quiere evitar la elusión fiscal de las grandes multinacionales. Los departamentos tributarios de estos gigantes exploran el mundo a la búsqueda de los territorios y legislaciones más vírgenes para ahorrar impuestos. La digitalización ofrece, para ello, una flexibilidad nunca vista. Se puede tener la sede en un país con tributación laxa y vender en todo el planeta. Irlanda supo aprovechar estas circunstancias, aunque no ha sido la única, ahí están Luxemburgo o los Países Bajos, solo dentro de la UE.
El resto de las naciones ven cómo las rentas se mueven de un lado a otro sin pasar por la caja de su Hacienda. Con este pacto fiscal, las empresas con ventas globales superiores a los 20.000 millones de dólares y una rentabilidad más allá del 10% deben declarar sus ingresos donde realizan la operación, en el país donde se consuman sus bienes o servicios vendidos. Esta decisión recolocará, relocalizará, unos 200.000 millones de dólares.
Esta medida está pensada para que impacte, especialmente, en las gigantescas corporaciones digitales, la mayor parte de ellas de nacionalidad estadounidense, pero también a las enormes farmacéuticas. Curiosamente, petroleras, mineras y sociedades financieras reguladas estarán exentas.
La globalización abrió los mercados y deslocalizó numerosas industrias, procesos productivos, flujos comerciales y financieros. También se deslocalizaron ingresos, rentas e impuestos. Ahora, desde la OCDE y el G-20 se intenta establecer una globalización fiscal y está por ver la actitud real de EE.UU. y de China y, también, si los países en desarrollo serán capaces de aprovechar la ocasión o serán arrumbados por la potente ingeniería fiscal de las multinacionales, donde el dinero siempre vuela de un lado a otro, sin posarse en ningún nido, en ningún territorio fiscal.
