Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) suelen cimentar sus pilares en las previsiones económicas, pero los del año que viene se sustentan especialmente sobre el hormigón armado de la alianza entre el Gobierno y las fuerzas independentistas de izquierdas, como Bildu y ERC. Los diputados socialistas, todos a uno, se levantaron para mostrar su unidad y su voluntad de continuar en la senda marcada por Pedro Sánchez, la de suprimir el delito de sedición y cambiarlo por una limitada figura de desórdenes públicos agravados. Una tipificación tan laxa, tan débil, que algún que otro socialista ya reclama un articulado intermedio en el Código Penal entre el desorden agravado y la rebelión. Temen haber creado un nuevo coladero penal.
El proyecto de Presupuestos siempre es la plasmación más fiel de la política del Gobierno de turno. Es la mejor representación de sus prioridades y objetivos. No es gratuito que, en la misma jornada, en el Congreso, se diera luz verde a las Cuentas Públicas, se aprobara la tramitación de los nuevos impuestos a la banca, energéticas y grandes patrimonios y, ya entrada la madrugada, se iniciara la reforma del Código Penal para acabar con la sedición. Por su lado, el líder de Bildu, Arnaldo Otegui, capitalizaba los acuerdos al reseñar que el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos no tendría futuro sin el apoyo de los partidos de izquierda independentista. Después de todo esto, los Presupuestos ya circulan hacia el Senado mientras la Guardia Civil de Tráfico dejará de circular por Navarra. Expresión de un pacto de hace 20 años que ahora se regala a Bildu y no al Gobierno foral de Chivite.
Los Presupuestos del 2023 son los terceros del Gobierno de Sánchez y los últimos de esta legislatura. Políticamente nacen como los más sólidos del período. Los diferentes elementos que conforman su arquitectura no se pueden permitir ninguna grieta, al menos hasta después de los comicios territoriales de primavera. Tras las elecciones locales y municipales los Presupuestos del Estado serán papel para envolver el pescado. Comenzará la carrera del gasto público con una economía más débil que la actual.
La vicepresidenta Nadia Calviño afirma que el proyecto contiene suficientes márgenes de actuación. Se necesitarán riberas más anchas que las del Nilo. Una veintena de organismos e instituciones nacionales e internacionales advierten machaconamente, como un martillo pilón, del frenazo de la actividad económica el año que viene. Con oscilaciones más o menos arriba o abajo casi todas las previsiones dejan a la mitad el crecimiento esperado por el Gobierno. Eso, sí, algo que no se termina de destacar del todo es la resiliencia que está demostrando el tejido empresarial español en este final de año. El PIB incluso avanza a una velocidad superior a la prevista, las tasas oficiales de empleo resisten. Sin embargo, más de un experto laboral, frente a lo ocurrido al 2008, resalta que llegamos a las puertas de una crisis con una tasa de paro cuatro puntos porcentuales más elevada que entonces.
Los españoles acudirán a las elecciones locales tentándose los bolsillos, bastante más aireados por la inflación. Con un poder adquisitivo menguante y con unos salarios reales en continuo repliegue desde hace lustros. Los votantes más hipotecados seguirán con más preocupación las evoluciones del Euribor que las encuestas cocinadas por el CIS, a pesar de las medidas para aliviar los préstamos. Alivio temporal de préstamos que cuestan media vida y ahora vida y media. Por último, los Presupuestos presuponen un gasto y unas inversiones. Cifras que quedan olvidadas en la tinta emborronada de la escasa ejecución como muestran las quejas del Ministerio de Transportes y con unos Fondos Europeos que desean abarcar el futuro pero que no logran prender el presente.
