Hacienda busca ricos que paguen la ronda. La Hacienda que dirige la número dos del PSOE, María Jesús Montero, se ha plegado a las presiones de Unidas Podemos y ahora acepta lo que hace tres meses rechazaba en el Congreso, un impuesto a las grandes fortunas. Lo disfrazarán de Tributo de Solidaridad, pero es el impuesto a los ricos con el que soñaba la formación morada desde que entró en el Gabinete. Pedro Sánchez, afectado por la Covid, sigue con su giro espasmódico hacia la izquierda, en un trayecto acelerado para achicar espacio a Unidas Podemos y a la aún emergente Yolanda Díaz.

El universo fiscal español es un barco de 18 cubiertas. De ellas, 17 son autonómicas y una estatal. El sistema fiscal español presenta enormes vías de agua por el lado de estribor con la economía sumergida, que puede alcanzar el 20% del PIB, lo cual es una barbaridad en el país abanderado por la factura sin IVA. En la banda de babor, la ingeniería fiscal ha alcanzado alturas de filigrana; se consiguen con tino y legalidad verdaderos trabajos de orfebrería tributaria que ya quisiera Fabergé. La evasión fiscal y el fraude alcanzan elevadas cotas en nuestro país, con lo cual la presión real sobre el sufrido contribuyente de nómina, profesional o pequeño negocio y “tente tieso” es de aurora boreal.

La presente carrera fiscal la inició hace tiempo Madrid con sus bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el Tributo de Patrimonio. En ambos casos, figuras fiscales estatales cedidas a las CCAA que no podían modificar ni eliminar, pero si bonificar hasta la totalidad, con lo cual las dejaban anoréxicas y desmadejadas. Mientras Madrid era una isla fiscal única, el Gobierno lanzaba mandobles contra la Puerta del Sol en un enfrentamiento coreografiado que beneficiaba a ambas partes. La parroquia de cada uno estaba perfectamente definida y eso que Montero y Ayuso son prácticamente vecinas. La distancia que separa el Palacio de Sabatini de Hacienda de la antigua Casa de Correos, sede del ejecutivo madrileño, se sustancia en doscientos metros.

El problema llega cuando Andalucía decide imitar los pasos de Madrid. “La suma de todos”, eslogan autonómico madrileño, rápidamente se extiende por otras CCAA con las deflactaciones del IRPF, deducciones y dieta dura a los gravámenes, como Galicia o País Vasco. La puntilla la engarza Ximo Puig cuando la “socialista” Valencia decide surfear también esa ola con su rebaja a las rentas menores de 60.000 euros. El frente socialista se rompe por el costado levantino, hasta ahora el más crítico con las ofertas y descuentos tributarios. Es el sálvese quien pueda, quien pueda pagarlo. Para colmo, la Extremadura de Fernández Vara tira de imaginación y anuncia su propia reforma arancelaria con recortes en las tasas y precios públicos. Rebaja las tasas en ITVs, transportes, comedores escolares y en las licencias de caza y pesca. Sin duda, se ha levantado la veda electoral.

Con tanto “chamán” suelto y a la que salta, la ministra de Hacienda decide entrar, a su modo, en la carrera fiscal. Anuncia aumento en los mínimos exentos, mejoras en la reducción por rentas de trabajo y leves caricias a autónomos y pymes. Carantoñas a las rentas más bajas que no ocultan el olvido hacia las clases medias. Los fiscalistas y recaudadores recuerdan los consejos del cardenal Mazarino a Colbert, el ministro de Hacienda de Luis XIV. El purpurado sabía que los pobres no tenían dinero para pagar un mísero chavo fiscal. También, porque él lo era, conocía fehacientemente que los ricos contaban con múltiples ardides para eludir la contribución. Así que recomendó a Colbert que apretara los grilletes fiscales a las clases medias, porque, además le dijo, éstas siempre querrán prosperar y trabajarán aún con más ardor. Colbert así lo hizo y el Rey Sol siempre brilló.

Sorprende que en el proyecto de María Jesús Montero solo aparezcan 23.000 ricos en nuestro país a los cuales imponer el nuevo arbitrio. Escasa fortuna la de Hacienda para sentar a un rico en la mesa. Quizá por eso, para redondear el ábaco presupuestario, fuerza las rentas del capital hasta el 28% y afeita las deducciones por pérdidas a las grandes empresas. Aquí está la madre del cordero de la recaudación. Por esta causa la Reforma Fiscal del Gobierno consigue el gran milagro, sobre el papel, de aumentar la recaudación en 3.144 millones de euros en dos años.

A MJ Montero le hace falta dinero, dinerito. Gracias al empujón de la inflación puede acabar el año con 30.000 millones de euros más de recaudación. Pero también sabe que el año que viene tendrá que enfrentarse, de entrada y sin anestesia, a un debilitamiento de la actividad económica y del empleo y a un incremento del gasto en pensiones, por la revalorización con el IPC, de unos 15.000 millones de euros. A esto se suma el incremento del coste de la deuda y una factura de casi 5.000 millones más por el aumento del sueldo de los empleados públicos. Por último, y no menos desafiante, hay que añadir los crecientes gastos en Defensa que, a pesar de la irritación de Podemos, crecerán considerablemente, vayan en el Presupuesto a cara descubierta o camuflados como un “boina verde”.